Fuerza Popular insiste en mantener decisión sobre la inmunidad

Por: Liliana Rojas

A pesar de que hoy vence el plazo para aprobar la reforma política por cuestión de confianza, anoche, el Pleno del Congreso dejó pendiente de revisión y consentimiento los dictámenes de los proyectos de ley de mayor controversia: inmunidad parlamentaria, así como la paridad y alternancia.

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Precisamente cuando se debatía sobre la prerrogativa de la que gozan los legisladores, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció la suspensión de la sesión y su reinicio para las 10 de la mañana de hoy.

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La sorpresiva decisión de Salaverry fue atribuida por varios legisladores como una medida para ganar tiempo y buscar consensos. Además, para acabar con la “guerra de carteles” con lemas alusivos a favor y en contra de la paridad que se desató entre sus colegas de las bancadas de Fuerza Popular y Nuevo Perú. Era evidente que no quería llamar la atención a ninguno.

Incluso el tema originó un percance entre el exfujimorista y hoy congresista de Acción Republicana Julio Rosas, y Marisa Glave, de Nuevo Perú. El primero calificó de indecentes a los legisladores que mostraban carteles a favor de la paridad, por lo que Glave le exigió una rectificación y obtuvo una respuesta positiva.

La legisladora de Nuevo Perú dejó sentada su protesta porque se debió haber debatido y aprobado el dictamen de paridad y alternancia, cuyo texto ya se tiene avanzado. Sin embargo, el presidente del Parlamento continuó con la discusión de la inmunidad parlamentaria.

El dictamen sobre esta prerrogativa, aprobado el último viernes por la Comisión de Constitución, difiere de la propuesta del Gobierno, al persistir en que el Congreso sea la única entidad que decida levantar el fuero legislativo.

No quieren ceder

Durante el debate, que no duró ni una hora debido a la intempestiva suspensión, la mayoría de los legisladores, encabezados por el fujimorismo, rechazaron que la Corte Suprema de Justicia decida el levantamiento de la inmunidad cuando un parlamentario sea condenado por un delito penal o civil, como lo plantea el proyecto presentado por el Ejecutivo.

Esther Saavedra , de Fuerza Popular, dijo que de no contar con inmunidad “los congresistas podrían ser víctimas de venganza política, más aun cuando no hay reelección y, por tanto, no se podría interrumpir el proceso judicial en su contra”.

A su vez, Alejandra Aramayo, también de la bancada naranja, planteó que se mantenga la prerrogativa y que más bien se optimicen los plazos para el procesamiento de las acusaciones constitucionales.

Una posición parecida mantiene el partido aprista. Su vocero, Javier Velásquez Quesquén, ratificó en Canal N que “de ninguna manera” se va a entregar al Poder Judicial la decisión sobre la inmunidad parlamentaria.

“El Apra dice que esa potestad se quede en el Parlamento, pero vamos a poner algunos candados a los tiempos y los trámites. Por ejemplo deben establecer plazos perentorios para las acusaciones constitucionales”, señaló.

Sin embargo, Patricia Donayre (no agrupada), dijo que la inmunidad parlamentaria es impropia en un Estado democrático y moderno, y recordó que la Constitución plantea otros mecanismos que también permiten que los legisladores puedan expresarse sin temor.

“Para qué queremos inmunidad para delitos comunes. Eso no debe amparar el Congreso”, indicó.

Glave sostuvo que el Congreso no puede ser juez y parte y que esa prerrogativa tiene costos muy altos, como que un legislador condenado como Edwin Donayre se encuentre prófugo. “En su momento señalamos que se debía levantar el fuero parlamentario al legislador sentenciado. Hoy estaría cumpliendo su condena”, sentenció.

Zeballos: seguimos pendientes del debate

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el Ejecutivo sigue expectante por los dos dictámenes que aún están pendientes de aprobar.

“Sería muy osado recoger el calificativo (de boicot del Congreso). Aún quedan 24 horas. Nos mantenemos pendientes de cómo evolucionarán los acontecimientos”, dijo.

Sobre un posible cierre del Congreso, Zeballos comentó que ninguna circunstancia está negada y si tiene que tomar esa decisión, tendrá que hacerlo. Sostuvo que esa es una facultad constitucional del mandatario, y recalcó que es “un presidente con carácter”.