Comisión Bartra permitiría aportes de sentenciados por crimen organizado

Para este viernes 19, la Comisión de Constitución debatirá los predictámenes faltantes de la reforma política, propuestos por el Poder Ejecutivo. En el caso del financiamiento indebido para los partidos, el informe del grupo de trabajo presidido por Rosa Bartra de Fuerza Popular da flexibilidad respecto a las sanciones por este problema.

La República tuvo acceso al texto sustitutorio sobre este aspecto, que, sustancialmente, solo abarca el artículo 4 del proyecto presentado por el Gobierno para incluir el delito de aportes ilícitos al Código Penal, modificando la denominación de ‘financiamiento indebido’ por el de ‘financiamiento prohibido’.

El cambio notorio es en la inclusión del artículo 359 C. Según la propuesta de la reforma política, entre las fuentes de financiamiento indebidas se encuentran los aportantes anónimos, y los condenados por delito contra crimen organizado.

Sin embargo, en el predictamen de Constitución se plantea que entre las fuentes de “financiamiento legalmente prohibidas” los aportes anónimos deben ser superiores a las 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), mientras que elimina que a los sentenciados por crimen organizado.

Asimismo, borra el punto 5 dentro de este artículo de la reforma política: “Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal aparente o presunto de dominio, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere aplicado medidas cautelares o sentenciado en un proceso de extinción de dominio”.

Sanciones para aportes mayores de 500 UIT y no para candidatos

En el artículo 359 A, para establecer el financiamiento prohibido, el predictamen omite a los que soliciten o hagan prometer a favor de una organización política o alianza los aportes indebidos.

Si bien aumenta la pena privativa de libertad, de entre 5 a 8 años, el informe del grupo de trabajo modifica las condicionales para esta sanción: si el valor del aporte es superior a las 500 UIT –el Ejecutivo propuso que el monto sea mayor al de 20 UIT– y elimina como el punto de si “el delito es cometido por el candidato de una organización política”.

Como se ha mencionado, el predictamen de la Comisión de Constitución solo trata el artículo 4 del proyecto de ley del Ejecutivo. No obstante, deja de lado los otros puntos dentro de esta propuesta, como el cambio de porcentaje de transferencias –respecto al financiamiento público–.

Lo preocupante es la no consideración de que la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) tenga acceso a la información bancaria de los partidos.

Se recuerda que Odebrecht y OAS realizaron aportes para las campañas presidenciales del 2006 y 2011, así como las municipales de la revocatoria y la del 2014.

Justamente, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es investigada por el presunto aporte de 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña del 2011.