Popolizio: “Más temprano que tarde tendremos a Toledo rindiendo cuentas a la justicia”
El canciller peruano recordó que la segunda etapa del proceso de extradición de Alejandro Toledo puede durar un año, como en el caso del expresidente panameño Ricardo Martinelli.
- APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García
- Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos
El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, sostuvo que espera que Alejandro Toledo rinda cuentas a la justicia peruana “más temprano que tarde”, tras la detención del expresidente en Estados Unidos.
El canciller peruano indicó que para la audiencia de fianza contra Toledo, a realizarse el viernes, un fiscal norteamericano defenderá la postura del pedido de extradición hecho por el Gobierno.
TE RECOMENDAMOS
TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
“Lo que sigue ahora es una audiencia (...) en la que el fiscal presenta el caso de extradición ante el juez y este decidirá si Alejandro Toledo sigue el proceso detenido o en libertad. Puede aducir la libertad bajo fianza. Una vez que eso se decida, se inicia la segunda etapa, que son las audiencias de extradición”, señaló Néstor Popolizio.
“Esa etapa esperamos que sea lo más acelerada posible y quiero recalcar que más temprano que tarde tendremos a Toledo rindiendo cuentas a la justicia peruana”, añadió Popolizio, destacando los tratados de extradición a nivel bilateral y la cooperación internacional judicial.
Recordó que el Estado, a través del ministerio de Justicia, es asesorado por la firma Foley Hoag LLP, dada su experiencia en la extradición del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. El proceso de este caso, en la etapa de audiencias, duró un año.
El viernes, el juez Thomas Hixson determinará en audiencia si Alejandro Toledo continúa en prisión o afronta el proceso de extradición en libertad.
Toledo se encuentra en Estados Unidos desde enero del 2017. Para febrero de ese año, el Poder Judicial dictó prisión preventiva en su contra por los presuntos sobornos recibidos por Odebrecht.
