“No solo habría colaboración eficaz de los funcionarios de Odebrecht sino, también, de funcionarios de las empresas consorciadas”.,La firma del Acuerdo de Colaboración Eficaz entre el Equipo Especial de Fiscales y la Procuraduría Ad Hoc con Odebrecht –que coincidió con el referéndum– va a marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Eso, siempre y cuando el equipo especial continúe en su cargo. Un primer punto esencial es que se va a avanzar más allá del financiamiento a los partidos políticos, que es lo que más hemos visto hasta ahora. Con toda la importancia que ello tiene, cierto es que se ha avanzado muy poco en la investigación relacionada a las coimas otorgadas por Odebrecht y sus socios para conseguir mega-obras y ganancias por varias centenas de millones de dólares. En el acuerdo, Odebrecht reconoce coimas en cuatro obras. En dos actuó como único ejecutor (Costa Verde del Callao y Vía de Evitamiento del Cusco), mientras que en el Metro de Lima formó un consorcio con Graña y Montero y en IIRSA Sur el consorcio CONIRSA estuvo formado por Odebrecht, GyM, ICCGSA y JJC Contratistas Generales. ¿Es que se reconoce que solo hay 4 obras con coimas? No. El Acuerdo dice, según IDL Reporteros, que si, “como consecuencia de las investigaciones internas que Odebrecht está llevando a cabo se encuentran nuevos hechos con contenido penal que pudieran devenir en consecuencias jurídicas para Odebrecht (…), ésta se obliga a presentarlos al Ministerio Público del Perú” (1). Pero ¿qué pasa si Odebrecht no encuentra más coimas pero nuestros fiscales sí? En ese caso, el Ministerio Público notificará a Odebrecht para que “manifieste su voluntad de colaborar en los términos señalados” en el Acuerdo. O sea que nuestros fiscales van a seguir investigando, más allá de estas 4 obras (ídem). Esto es de la más alta importancia porque los detractores dicen que se ha acordado impunidad para Odebrecht en otras obras, lo cual es falso. Lo que sí es clave es que la fiscalía investigue a fondo los indicios sobre otras obras con coimas. Un segundo punto importante es el monto de la reparación civil al Estado por S/ 610 millones por los daños causados, calculado por la Procuraduría con el Reglamento de la Ley 30737. Estos 610 millones son solo la mitad de los S/ 1.200 millones calculados por la Contraloría General de la República. Dice la Procuraduría que “el faltante” provendría de los consorciados con Odebrecht, quienes ya tienen embargos por S/ 200 millones. Un tercer punto tiene que ver con la información proveniente de My Web Day y Drousys, los softwares especiales –domiciliados en Suiza– del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de Odebrecht. Se afirma que contienen seis (6) terabytes de información (tres veces más que los Panama Papers) y que la Policía Federal de Brasil identificó cerca de 2.000 nombres –en códigos– de personas que recibieron sobornos de Odebrecht (El Comercio, 15/11/2018). Cada vez queda más claro quiénes son los interesados en desbancar a los fiscales. Un cuarto punto que podría derivarse del Acuerdo es que no solo habría colaboración eficaz de los funcionarios de Odebrecht sino, también, de funcionarios de las empresas consorciadas. Este tipo de acuerdo sería beneficioso para el país, primero porque sabríamos la verdad acerca de la corrupción “nacional”. Segundo, porque ese sinceramiento debiera ser el primer paso para garantizar la continuidad de las operaciones de estas empresas peruanas, lo que implica una reorganización moral y una reingeniería en los más altos cargos. Al país le interesa que esos varios miles de ingenieros, profesionales y técnicos sigan potenciando a esas empresas, ya que la gran mayoría no tiene responsabilidad en la corrupción. Para nada sería bueno que éstas sean compradas por empresas de otros países. Tercero, y lo más importante, porque si se descubre la verdad de lo sucedido estaremos en condiciones de recuperar la dignidad moral y de saber que en este nuestro país, sí puede triunfar la justicia. Pero, ojo, eso no va a ser fácil porque, cual fiera acorralada, la corrupción es capaz de cualquier cosa. Agreguemos, también, una consecuencia puramente económica, crematística: si se elimina la corrupción podremos crecer a tasas mucho mayores que las actuales porque ya no habría coimas ni adendas criminales que tapan sobrevaluaciones que “nos tiran al suelo”. Una victoria contra la corrupción no arreglaría los problemas económicos que tenemos ni tampoco la agenda de desarrollo. Para nada. Pero sí permitiría discutir esa agenda ante la población con la satisfacción de una tarea cumplida. Por todas esas razones y muchas más, no podemos fallar en esta lucha que, hoy, solo se garantiza con un hecho concreto: la continuidad de los fiscales que están llevando esta tarea, como lo ha pedido hasta el Presidente Vizcarra. Todos estamos atentos. 1 Https://idl-reporteros.Pe/el-acuerdo/
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024