Propuesta contra la corrupción de jueces y fiscales

Los abogados no se escapan. El presidente Martín Vizcarra propone seis reformas legales y un cambio constitucional: nuevos organismos de control disciplinario de la magistratura, un nuevo Consejo de la Magistratura por concurso público, excluir a los fiscales de las demandas por pensiones, sancionar a los abogados corruptos y transparencia judicial. ,Propuesta contra la corrupción de jueces y fiscales,Propuesta contra la corrupción de jueces y fiscales,Propuesta contra la corrupción de jueces y fiscales,Propuesta contra la corrupción de jueces y fiscales,Lo que no lograron los "vladivideos" el año 2000, lo podrían lograr hoy los audios del juez supremo César Hinostroza y sus "hermanos": propiciar una gran transformación del sistema judicial en el país. En su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el presidente Martín Vizcarra denunció que "existen personas interesadas" en que no cambie el sistema de justicia que describen los CNM-audios: redes articuladas de corrupción y tráfico de influencias con intereses políticos y económicos. PUEDES VER Presidente Martín Vizcarra entrega reforma judicial y política a los ciudadanos "La infiltración política y económica era un secreto a voces. Tal como está les resulta útil y funcional. Y para ello desarrollan diversos 'discursos' o 'argumentos' destinados a impedir, dificultar o retrasar un cambio", expresó. Inhabilitación El presidente señaló que los audios difundidos por el periodismo de investigación, a partir de la interceptación telefónica legal realizada por una fiscal, un juez y un grupo de policías en el Callao, nos impulsan a una profunda reforma judicial. Un cambio que no debería quedarse en la detención del presidente de la Corte Superior del Callao, la renuncia del presidente del Poder Judicial, la remoción del Consejo Nacional de la Magistratura y los cuestionamientos al fiscal de la Nación. En este sentido, el presidente Vizcarra presentó al Congreso un paquete de seis leyes y una propuesta de reforma constitucional, que pasaría por un referéndum, para agilizar los procesos judiciales, combatir la corrupción jurídica e inhabilitar a perpetuidad a jueces y abogados sentenciados por corrupción. 1. Autoridad de control Además, propone crear un Consejo para la Reforma Judicial, una autoridad de control interno con apoyo de la policía; que la Fiscalía no participe en los procesos contencioso-administrativos y mayor transparencia en la judicatura. El primer proyecto de ley planteado por el presidente Vizcarra es la creación de una Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que reemplazaría a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y la Fiscalía de Control Interno. Indicó que la OCMA no logró sus objetivos de prevenir y combatir la corrupción, por lo que se hace necesario establecer un verdadero sistema especializado interno de anticorrupción donde sus titulares sean elegidos por concurso público. Asimismo, indicó que "el Poder Ejecutivo asignará una policía especializada para el apoyo de su labor; promoviendo un control preventivo identificando las áreas posibles de riesgo". Los jueces y fiscales se han opuesto a un control disciplinario externo, pues consideran que esto puede afectar su independencia si el control deriva en presiones sobre modo de pensar. Sin embargo, desde hace un tiempo la OCMA propone que el Consejo Nacional de la Magistratura nombre "jueces controladores" a dedicación exclusiva a tareas de control disciplinario. Los "jueces controladores están incluidos en el plan de cambios urgentes para el Poder Judicial", que ha propuesto su presidente Víctor Prado Saldarriaga. Una idea que sería compatible con el proyecto del Ejecutivo, para establecer personal de control elegido por concurso público. Lo mismo se daría para el personal del Ministerio Público. El gran obstáculo podría ser el presupuestal. Hace algunos años se dispuso la incorporación de la sociedad civil a la OCMA, pero la medida se implementó a medias, por falta de presupuesto. 2. Adiós a los fiscales El Ejecutivo también propone eliminar la intervención de los fiscales en los procesos en lo contencioso-administrativo. Esto es de los juicios que se generan contra las resoluciones de la administración pública o cuando se reclama la violación o tutela de los derechos administrativos de los ciudadanos. Según el presidente Vizcarra, el año 2015 el 88% de las demandas presentadas contra el Estado se concentraron en pocas entidades de la administración pública y el 29% estaban dirigidas a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), es decir, el tema de pensiones de la Ley 19990. La carga procesal que esto genera es considerable. En diciembre pasado, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Eloy Zamalloa, informó que de las 16 mil demandas en lo contencioso-administrativo, 8 mil son reclamos contra la ONP. El presupuesto que el Ministerio Público destina a atender esta carga se acerca al 36%, señalan los fiscales. "La fiscalía se limita a verificar si las notificaciones se realizaron correctamente, nuestra intervención es inocua, pero demandan muchos recursos que se podrían destinar a reforzar las fiscalías anticorrupción", señaló el fiscal supremo Tomás Gálvez, que atiende una de las fiscalías supremas contencioso-administrativas. Al respecto, el presidente anunció que ha dispuesto que en un plazo de 15 días la ONP presente un plan de descarga procesal que evite a nuestros adultos mayores trámites innecesarios y maltratos que no merecen. 3. Información es poder Un tercer proyecto de ley presentado al Congreso por el presidente en su discurso a la nación propone modificar el Título VI del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, "Transparencia en el Sistema de Justicia", para elevar los niveles de transparencia en la administración de justicia. La idea es establecer la obligación expresa para que las instituciones de la administración de justicia –Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones– divulguen mayor información en sus portales institucionales sobre cómo administran justicia y sobre la trayectoria de vida y los fallos de los magistrados. Hoy mucha de esta información no es accesible al público, bajo la premisa de que los procesos judiciales son reservados y solo interesan a las partes o que dicha información pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. 4. Abogados limpios El presidente también planteó al Congreso dictar una ley para sancionar a los abogados corruptos y tramposos e incentivar que ellos también contribuyan a la lucha contra la corrupción. "Transgredir los principios éticos de un abogado mella gravemente la confianza de la sociedad en el Estado y en la justicia", indicó el mandatario. Por esto, el proyecto de ley plantea que un abogado corrupto sea sancionado penalmente con agravantes y que su Colegio de Abogados establezca infracciones y procedimientos para imponer las sanciones que correspondan. Una medida que muchos abogados consideran debe ir a la par con una mejora en la enseñanza de la abogacía y regulaciones más claras y firmes para obtener la correspondiente colegiatura. Se considera que hay demasiadas facultades de derecho en el país y la colegiatura es casi automática, por lo que los abogados recurren a la corrupción para sobrevivir en un mercado altamente competitivo. 5. Súper fiscales El presidente Martín Vizcarra también propuso modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público para crear un sistema de fiscales especializados en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, lavados de activos y delitos conexos. Dicho sistema ya existe a partir de las fiscalías provinciales y supraprovinciales para casos de corrupción y lavado de activos, pero actúan por separado, lo que genera enfrentamientos, descoordinaciones y celos innecesarios, como ha sucedido con el Equipo Especial . Hace un par de años, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, propuso y logró aprobar en la Junta de Fiscales Supremos una fiscalía suprema para delitos contra la corrupción que coordine todo el trabajo fiscal en esta materia, pero nunca la pudo implementar. El hoy fiscal de la Nación y entonces fiscal supremo de control Interno, Gonzalo Chávarry, habría señalado que esa Fiscalía colisionaba con el control disciplinario en el tema de investigar a jueces y fiscales corruptos. Este sistema anticorrupción se enlazaría con la Sala Penal Nacional para Casos de Corrupción, que dirige la jueza superior Susana Castañeda Otsu. 6. Reformas judiciales Para avanzar en la reforma judicial, el presidente Vizcarra propuso crear un Consejo para la Reforma Judicial integrada por los titulares del Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El Consejo propondría más reformas específicas que requieren nuevas leyes o reformas constituciones, que de manera coordinada podrían aprobarse fácilmente. Reforma y referéndum Otra de las propuestas planteadas por el presidente Vizcarra, que abre las puertas para el referéndum, es la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura y la revisión de los nombramientos y ratificaciones realizadas en los últimos meses. Esto requiere modificar los artículos 155 y 156 de la Constitución Política del Estado. Estos artículos establecen que los miembros del CNM son elegidos por el Poder Judicial, el Ministerio Público, los colegios profesionales y las universidades. La idea es que en el futuro los consejeros sean nombrados por concurso público. En su mensaje, el presidente no indicó qué entidad se encargaría de realizar este concurso público. En manos del Congreso podría politizarse, como sucede con la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Como quiera que esta reforma va a colisionar con las propuestas de la mayoría del Congreso de la República, el presidente anunció que convocaría a referéndum para realizar esta reforma. Otro de los puntos que incluyó en esta propuesta es revisar los nombramientos y ratificaciones realizadas por los integrantes del removido CNM, tanto por los que aparecen en los audios por la sospecha que recae en todos estos procesos. Entre los jueces supremos que fueron nombrados por el CNM destituido están César Hinostroza, Ángel Romero y Aldo Figuero, entre los que aparecen en los audios. Mientras que en la Fiscalía en el mismo periodo ingresaron los supremos Tomás Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Monteza y Luis Arce Córdova, más la ratificación del actual fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry. La revisión de los nombramientos, podría ser inconstitucional, advierte el abogado José Luis Castillo Alva. En tanto, el fiscal supremo Tomás Gálvez indica que es positivo siempre que no signifique una cacería de brujas. Las propuestas se hicieron. Falta escuchar al Congreso, y tal como van las cosas, parece que el referéndum decidirá.

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