Carlos Cortés: “La Ley Mordaza es una medida radical y equivocada”

Carlos Cortés. Abogado de la Universidad de los Andes. Dirigió la Fundación para la Libertad de Prensa.,Tras su participación en una conferencia organizada por el Consejo de la Prensa Peruana, el abogado colombiano Carlos Cortés, explicó las consecuencias de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Además, dio a conocer las implicancias sobre el “derecho al olvido”, en el que se debate sobre el derecho a la información. ¿Existen antecedentes en la región sobre una ley que prohíba la publicidad estatal en medios? PUEDES VER Aráoz sobre Ley Mordaza: “Derechos fundamentales no pueden ser atropellados por caprichos” La distribución de la publicidad oficial siempre ha sido un problema en América Latina y en otras partes del mundo. De qué manera los gobiernos y las autoridades utilizan los fondos públicos para silenciar contenidos o comprar coberturas favorables, eso no es algo nuevo. Y también está el otro lado, algunos periodistas presionan a una fuente oficial a través de una cobertura crítica para que le den publicidad. Sí, es un tema que ha traído discusiones, pero no existe ningún antecedente en la región de un gobierno nacional que corta la publicidad oficial para todos las instituciones públicas, simplemente por considerar que es un despilfarro o que es inconveniente. Es una medida radical, equivocada y desproporcionada. ¿Qué podría haber detrás de la aprobación de esta norma? Lo que se puede decir es que no responde a una política pública clara o bien intencionada para tratar de ordenar el gasto público. Yo entendería que alrededor de la publicidad oficial podría haber casos de despilfarro o uso desproporcionado de recursos, pero que tú le recortes por igual la publicidad oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Salud, que necesita hacer una campaña, no tiene ningún sentido. ¿La libertad de información es un derecho absoluto o tiene limites? Tiene unos limites alrededor de la divulgación. No es una actividad que se ejerce de manera individual, sino en lo colectivo. En esa medida, las restricciones tienen que estar bien sopesadas. ¿El Congreso de la República puede legislar sobre un derecho que ya está contemplado en la Constitución? Si necesito enterarme de una zona donde va a haber un invierno muy grande o sobre una campaña, yo necesito que el Estado se asegure que esa información llegue a mí. Y si el efecto práctico de cortar la publicidad es que no me va a llegar información de interés general, entonces se está desconociendo mi derecho a la información y, en esa medida, la ley esta desconociendo la Constitución. Con una norma de este tipo, ¿quiénes son los más perjudicados? Hay un debate sobre qué tanto esa publicidad estatal es fundamental o definitiva para financiar medios comunitarios o locales. Un medio grande en Lima probablemente pueda sobrevivir sin publicidad oficial, pero un medio local que esté llevando información en lenguas nativas a algunas zonas requiere necesariamente de esos fondos para poder existir, y la pregunta es si esa medida no está teniendo un efecto silenciador muy preocupante. Un tema relacionado al derecho a la información es el denominado “derecho al olvido”. ¿Cómo se debe entender este concepto? No es un derecho fundamental como tal que esté reconocido en los instrumentos internacionales, pero sí existe como la expectativa que puede tener la gente de que aquellos hechos, sobre todo los que circulan por internet, dejen de existir, se actualicen o se modifiquen. Es la idea que la gente tiene en cuanto a la posibilidad de reinventarse y que no tiene que estar perseguida por cosas que salieron sobre ellas. ¿Cómo este derecho colisiona de alguna forma con la libertad de información? Lo que estamos encontrando en algunos países de la región son decisiones en las que se quiere proteger cierto tipo de expectativa de privacidad, y en las decisiones que toma un juez o una autoridad administrativa, lo que termina haciendo es sacar información pública del debate o simplemente obligando actualizar información de una manera que un medio de comunicación no quería. En la protección del derecho al olvido podemos estar empezando a estrechar la posibilidad de expresarnos sobre ciertos temas y creando un mecanismo para silenciar contenidos. ¿Este derecho tiene excepciones? Hay cierto nivel de claridad que cuando se trata de un tema referido de interés público –un funcionario en un acto de corrupción– tiene que mantenerse la garantía para que un medio de comunicación publique información. El problema es que ese ejercicio de ponderación o de análisis, requiere de que un juez lo haga, y diga, cuáles son los casos en que uno puede aspirar a que una información salga o no, o se eliminen datos de una persona en información de interés general y ahí es donde no estamos teniendo claridad para resolver eso. Los políticos o funcionarios podrían aprovecharse del “derecho al olvido”. Sale una información de que un ciudadano es el testaferro de una operación criminal, es una información periodística que cualquier medio cubre y poco tiempo después dice que la información lo afecta y que debe desaparecer, el problema es que esa información en su momento se divulgó porque tiene relación con un debate de interés general y ya se ha resuelto judicialmente, entonces no tiene por qué borrarse. ¿En América Latina el sistema de justicia está preparado para afrontar este tipo de casos sobre protección de privacidad en internet? La reflexión es que necesitamos iniciar proyectos y procesos para que los funcionarios públicos, jueces, entiendan un poco más el funcionamiento de internet, y la misma sociedad civil pueda involucrarse en las discusiones y entienda el impacto que tiene. El primer paso para esto es entender el problema.

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