Más de 27 mil funcionarios en el banquillo por casos de corrupción

Radiografía preocupante. Después de Lima, las regiones con mayor número de servidores públicos procesados por cometer actos ilícitos son Áncash, Junín y Cusco.,Si bien la atención pública nacional está centrada en los casos de corrupción que giran alrededor de la constructora brasileña Odebrecht, el escenario no deja de ser sombrío en las distintas regiones del país en vísperas de un proceso para la elección de nuevas autoridades en las instancias de gobierno subnacional. En una reciente sistematización, el Poder Judicial dio cuenta de un total de 27 mil 20 funcionarios procesados por corrupción a nivel nacional. De esta cifra, 6 mil 731 corresponden a Lima y 20 mil 289 están repartidos en las regiones. PUEDES VER Más de la mitad de carteras ministeriales estarían listas Áncash en rojo Después de Lima, la región que lidera el ranking oscuro de la corrupción es Áncash. Solamente en esta jurisdicción hay 2 mil 513 servidores del Estado que deben responder ante la justicia por ilícitos penales. No en vano la Contraloría General de la República ha instalado en esta jurisdicción dos oficinas regionales: una en Huaraz y otra en Chimbote. Una estructura orgánica similar ha implementado el Ministerio Público, con sedes desconcentradas en ambas provincias. La ciudadanía de Áncash acudirá el 7 de octubre a las urnas y tendrá como principal reto elegir a un gobernador que ya no termine en prisión. Y es que en la actualidad tres ex gobernadores están tras las rejas. El más conocido: César Álvarez, inquilino de Piedras Gordas. El líder del otrora movimiento regional Cuenta Conmigo, cuya inscripción ya fue cancelada, es procesado por la obra vial Chacas-San Luis, que fue ejecutada por Odebrecht. El proyecto había sido licitado por 404 millones de soles, pero al final fue ejecutado por 559 millones de soles. 155 millones de soles de incremento. Álvarez también es investigado por La Centralita, un caso en etapa de juicio oral que compromete a más de setenta implicados. Tras la caída de Álvarez y con las nuevas elecciones, los ancashinos eligieron como nuevo gobernador a Waldo Ríos, polémico personaje que engañó en campaña con el cuento de los 500 soles por familia y que ahora está en prisión por un caso de corrupción que arrastraba desde que era alcalde. Su sucesor, Enrique Vargas, también fue sentenciado. Su movimiento regional Puro Áncash tiene inscripción vigente. Hoy la región es gobernada por Luis Gamarra, contra quien también ya se ventilan acusaciones. En diálogo con La República, el consejero Mario Vega Antonio denunció, por ejemplo, que la mayoría del Consejo Regional aprobó en diciembre una ordenanza sin revisar ni siquiera el borrador. El objetivo: permitir la contratación de los jefes de las unidades ejecutoras sin concurso. La ciudadanía de Áncash tendrá en octubre el enorme reto de revertir esta situación. Centro y sur Después de Áncash, compiten por tener el más alto número de funcionarios procesados por corrupción las regiones de Junín (2.110 casos) y Cusco (1.304 casos). En Junín, el Ministerio Público reabrió el caso del Puente Comuneros, una obra inconclusa que fue calificada de “monumento a la corrupción” por la ex parlamentaria Marisol Pérez Tello. La investigación compromete al ex gobernador Vladimir Cerrón, quien intenta regresar al cargo con su partido Perú Libre. También incluye a Henry López, quien postularía a la alcaldía de Huancayo por la misma organización. En el sur, la ciudadanía del Cusco tiene a un ex gobernador tras las rejas: Jorge Acurio Tito, quien anteriormente había sido sentenciado por otro caso de corrupción y en mayo del año pasado fue recluido en el penal Ancón I para cumplir prisión preventiva por haber recibido presuntamente 1,2 millones de dólares de Odebrecht por la Vía de Evitamiento. Ya en el 2014, en plena temporada electoral, la Procuraduría Anticorrupción había dado cuenta de 41 ex alcaldes provinciales del Cusco y 96 ex burgomaestres distritales sometidos a investigaciones por actos de corrupción. El mismo reporte daba cuenta de un 92% de alcaldes que eran investigados por corrupción. Revertir esta situación crítica es tarea de la ciudadanía. Datos A mediados del 2017, la Defensoría del Pueblo publicó el "Reporte de la Corrupción en el Perú". Allí hizo propuestas de políticas que aún no han sido tomadas en cuenta, como la reglamentación de los criterios para la elección de los altos funcionarios del Estado. La entidad defensorial también presentó ante el Congreso un proyecto de ley que promueve la transparencia en los proyectos ejecutados mediante asociaciones público-privadas (APP). Desde febrero del año pasado, el documento está encarpetado en la Comisión de Fiscalización. Los alcances de la Comisión de Integridad En octubre del 2016, tras el escándalo por corrupción de su asesor Carlos Moreno, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció la instalación de la Comisión Presidencial de Integridad, con el fin de plantear propuestas concretas de políticas para la lucha contra la corrupción. Esta comisión, presidida por el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega Luna, presentó en diciembre cien propuestas de lucha contra la corrupción. Una de las pocas medidas implementadas fue la publicación de Kuczynski y sus ministros de sus declaraciones juradas de intereses. Esto solo se acató por voluntad de las autoridades y nunca se convirtió en una política pública. El gobierno, con Fernando Zavala como premier, también creo la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero desmantelada en sus funciones y sin una verdadera autonomía para promover la transparencia.

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