¿Pena de muerte para inmigrantes? Medida de Trump se impone tras tragedia en California
Los cinco inmigrantes que sobrevivieron al naufragio en San Diego podrían enfrentar la pena de muerte, según una medida promovida por la administración Trump y aprobada por el Congreso.
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Los cinco inmigrantes que sobrevivieron al naufragio en San Diego el 5 de mayo podrían ser condenados a la pena de muerte, según una medida promovida por la administración de Donald Trump. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en redes sociales que “el Congreso aprobó la pena capital en casos de tráfico de personas que resulten en muerte”.
Según el Departamento de Seguridad, la embarcación que se dirigía hacia las costas de California llevaba al menos 16 indocumentados a bordo. El barco, que estaba sobrecargado y carecía de condiciones de seguridad, volcó mientras intentaba ingresar ilegalmente desde México a territorio estadounidense.
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La medida en favor de las políticas de Trump fue establecida por el juez federal Wesley Hendrix.
Kristi Noem pide la pena de muerte para inmigrantes que ingresaron a California
Kristi Noem expresó su respaldo a la aplicación de la pena de muerte para los dos ciudadanos mexicanos, Julio César Zúñiga Luna y Jesús Juan Rodríguez Leyva, acusados de ser los líderes de una operación de ingreso ilegal a Estados Unidos. A través de su cuenta en X, la gobernadora solicitó al Fiscal General que tome las medidas legales más severas contra los involucrados. Su declaración se difundió rápidamente y provocó diversas reacciones en el ámbito político de EE. UU.
Oficiales de la Patrulla Fronteriza, al mando de Noem, lograron localizar a ocho de los nueve migrantes desaparecidos de la embarcación, con la excepción de un menor de 10 años. "Sus muertes no solo eran evitables, sino que también fueron resultado directo de la codicia e indiferencia de los contrabandistas que los explotaron", retiró la secretaria General, con la finalidad de que se castigue a los responsables.
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¿Qué ocurrió en el naufragio de inmigrantes en San Diego?
El pasado lunes 5 de mayo, una embarcación naufragó frente a las costas de San Diego, ciudad de California, dejando un saldo de tres personas muertas y varios sobrevivientes, todos inmigrantes que buscaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos desde México. De acuerdo con los informes oficiales, el bote estaba sobrecargado y no contaba con las condiciones mínimas para navegar en mar abierto.
Las autoridades estadounidenses, incluyendo la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Justicia, llevaron a cabo una operación conjunta que resultó en la detención de dos personas, entre ellas los dos ciudadanos mexicanos acusados de liderar la travesía. Según la investigación preliminar, el grupo había organizado el cruce ilegal con el objetivo de introducir a los migrantes por la ruta del Pacífico, una de las más peligrosas debido a las condiciones marítimas y a la vigilancia reforzada en la frontera terrestre.
¿Qué estados de Estados Unidos aún tienen pena de muerte?
En Estados Unidos, la pena de muerte sigue vigente en varios estados, aunque su aplicación ha disminuido en los últimos años debido a debates éticos, fallos judiciales y moratorias impuestas por gobernadores. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), la pena capital continúa siendo legal en 24 estados, aunque no todos la utilizan de manera activa. Algunos han suspendido las ejecuciones, mientras que otros mantienen la legislación sin aplicarla desde hace años.
Estados donde la pena de muerte sigue siendo legal:
- Alabama
- Arizona
- Arkansas
- Carolina del Sur
- Dakota del Sur
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Luisiana
- Mississippi
- Misuri
- Montana
- Nebraska
- Carolina del Norte
- Ohio
- Oklahoma
- Oregón (aunque tiene moratoria)
- Pensilvania (con moratoria)
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Wyoming
Florida: Ron DeSantis propone pena de muerte para inmigrantes
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado un conjunto de leyes migratorias que incluyen la pena de muerte obligatoria para inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales, como asesinato en primer grado, violación infantil y tráfico de drogas. Estas leyes, conocidas como SB 2-C y SB 4-C, también convierten en delito estatal el ingreso ilegal al estado y exigen la colaboración de las fuerzas de seguridad locales con el gobierno federal en la aplicación de leyes migratorias.
La implementación de estas leyes ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y expertos legales, quienes argumentan que la pena de muerte obligatoria es inconstitucional y viola el derecho a un juicio justo.
