Trump propone multar con US$998 diarios a inmigrantes que desobedezcan órdenes de deportación en EEUU

El Gobierno de Donald Trump está dispuesto a implementar una medida que multaría a los inmigrantes que no cumplan con las órdenes de deportación. La sanción sería de US$998 diarios, lo que, de mantenerse por largos períodos, podría generar multas que superen el millón de dólares.

La propuesta no solo afecta a aquellos migrantes que han sido formalmente deportados, sino también a aquellos que se niegan a abandonar Estados Unidos. Se trata de una ofensiva contra la inmigración que la Casa Blanca planea aplicar de manera retroactiva hasta cinco años, con el fin de presionar a más de 1.4 millones de migrantes con órdenes de deportación no cumplidas y que además enfrentarían a severas consecuencias económicas, además de la posibilidad de que el Departamento de Justicia inicie el proceso de incautación de sus bienes.

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¿Qué ley respalda las multas a migrantes con orden de deportación y desde cuándo se aplica?

La ley que permite la imposición de multas a los migrantes con orden de deportación se remonta a 1996, cuando fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos como parte de una serie de reformas en materia de inmigración. Esta legislación establece que aquellos migrantes que no abandonen el país dentro del plazo establecido pueden ser sancionados con multas diarias. Aunque la ley estuvo en vigor desde su promulgación, fue durante el primer mandato de Trump cuando comenzó a aplicarse activamente.

En 2018, la Administración Trump comenzó a utilizar esta ley para imponer sanciones económicas a migrantes que se negaban a dejar EE.UU. tras recibir una orden de deportación. Esta estrategia, en su momento, se limitaba a ciertos casos. Sin embargo, ahora la Casa Blanca planea extender su aplicación a los últimos cinco años, lo que podría resultar en sumas millonarias para aquellos migrantes que no cumplieron con las órdenes emitidas por los jueces de inmigración.

Las multas, que podrían alcanzar los US$998 por cada día que los migrantes permanezcan en el país tras la orden de deportación, son solo una parte de la estrategia. El Gobierno también contempla la posibilidad de confiscar los bienes de aquellos que no paguen las sanciones, incluso involucrando a las autoridades encargadas de la incautación de activos civiles. De acuerdo con los correos electrónicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades están presionando a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que gestione las multas y las confiscaciones.

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¿Cómo afectaría a los inmigrantes de bajos ingresos y hogares de estatus mixto?

La imposición de multas diarias y la confiscación de propiedades podría tener efectos devastadores para los inmigrantes de bajos recursos. De acuerdo con datos del Instituto de Política Migratoria, un porcentaje significativo de los hogares con migrantes no autorizados vive por debajo de la línea de pobreza. Esta situación es aún más grave para los hogares de estatus mixto, donde coexisten inmigrantes sin estatus legal con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

En este contexto, los efectos económicos de las multas y las sanciones serían desproporcionados para las familias más vulnerables. La amenaza de incautar propiedades podría llevar a la pérdida de bienes esenciales, afectando no solo a los migrantes sino también a sus familiares estadounidenses. Se estima que cerca de 10 millones de migrantes viven en hogares de estatus mixto, lo que significa que el impacto de estas políticas podría extenderse más allá de la comunidad inmigrante, afectando directamente a los ciudadanos estadounidenses.

La retroactividad de las multas y la presión de la Casa Blanca para hacer cumplir estas medidas podrían aumentar el temor en las comunidades migrantes. Aunque la Administración Biden detuvo la imposición de multas en 2021, las acciones de la Administración Trump parecen un retorno a una estrategia agresiva contra la inmigración ilegal. Si bien se espera que estos cambios sean impugnados en los tribunales, el simple hecho de que se anuncien estas medidas podría tener un impacto psicológico en los migrantes y sus familias.