Nicolás Maduro y Padrino López fueron denunciados ante la CPI por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Tres organizaciones de militares en la reserva denunciaron el 15 de marzo ante la CPI al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Defensa por crímenes de lesa humanidad, afectando a ancianos y militares retirados.
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El 15 de marzo de 2025, tres organizaciones de militares en la reserva presentaron una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusándolos de crímenes de lesa humanidad. Según el documento, ambos funcionarios estarían "presuntamente incursos en el delito de exterminio, contemplado en el artículo 7(b) del Estatuto de Roma de la CPI, como crimen de lesa humanidad".
La denuncia, suscrita por el General de Brigada (Ejército) Juan Antonio Herrera Betancourt, el General de División (Ejército) Rafael Ángel Montero Revette y el Coronel (Guardia Nacional) Hidalgo Antonio Valero Briceño, representantes del Frente Institucional Militar (FIM), el Movimiento de Militares Retirados (MMR) y la Asociación Defensores Populares de la Nueva República (DPR) respectivamente, señala que las políticas implementadas por el gobierno causaron la destrucción sistemática del sector más vulnerable de la población venezolana, en particular los ancianos y militares retirados.
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¿En qué se basan las acusaciones de crímenes de lesa humanidad?
Las organizaciones denunciantes argumentan que las "míseras pensiones y las deficiencias del sistema de seguridad social afectaron gravemente a los militares en situación de retiro". Señalan que las devaluaciones sucesivas e intencionales, producto de la mala praxis política y la alta corrupción, devastaron el patrimonio público, llevando a que el salario mínimo vital y las pensiones de jubilación permanezcan estancadas en 130 bolívares desde 2022 . Esta situación resultó en la privación de alimentos, medicinas y servicios públicos básicos, afectando primordialmente a los adultos mayores.
Además, informes internacionales respaldaron estas acusaciones. En septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU publicó un informe detallando violaciones de derechos humanos desde 2014, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. El informe acusó directamente a Nicolás Maduro y a altos funcionarios de su gobierno por crímenes de lesa humanidad.
¿Cuál es el papel de la CPI en este contexto?
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene la responsabilidad de investigar y, de ser necesario, enjuiciar a individuos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Venezuela es el único país de Latinoamérica con una investigación abierta ante la CPI. La denuncia presentada solicita al fiscal de la CPI, Karim Khan, que presente con carácter de urgencia el informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares para que se abra un juicio contra los altos funcionarios responsables de los delitos denunciados.
Esta no es la primera vez que el régimen de Maduro enfrenta acusaciones ante la CPI. En septiembre de 2018, seis países americanos, entre ellos Argentina, Canadá y Colombia, remitieron la situación de Venezuela al tribunal, solicitando la apertura de una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad.
¿Qué implicaciones tiene esta denuncia para el régimen de Maduro?
La denuncia presentada por las organizaciones de militares retirados añade presión al régimen de Maduro, que ya enfrenta múltiples acusaciones de violaciones de derechos humanos. Si la CPI decide abrir una investigación formal y posteriormente emitir órdenes de arresto, los funcionarios señalados podrían enfrentar restricciones internacionales y ser detenidos si viajan a países que reconocen la jurisdicción de la CPI.
Además, esta denuncia podría fortalecer las iniciativas de otros actores internacionales que buscan responsabilizar al régimen de Maduro por sus acciones. Por ejemplo, en septiembre de 2024, un grupo de 31 exmandatarios de América Latina y España, incluyendo a Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, solicitaron a la CPI la "detención inmediata" de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno, acusándolos de crímenes contra la humanidad y terrorismo de Estado.
