¿Qué piden los universitarios argentinos al gobierno de Milei?

Estudiantes, profesores y empleados de universidades públicas de Argentina llaman a resistir el veto anunciado por el presidente Javier Milei a una ley que mejora el presupuesto universitario pero que choca con su política de déficit fiscal cero.

Matriz de cinco premios Nobel, presidentes y referentes de la ciencia, las letras y el arte, la universidad pública, orgullo de los argentinos, está en peligro de degradarse por el ajuste, dijeron a la AFP alumnos, profesores y funcionarios.

La ley, aprobada por el parlamento el 13 de septiembre, establece un incremento del presupuesto universitario, incluidos sueldos, para contrarrestar la inflación (236% interanual en agosto). Su impacto fiscal sería de 0,14% del Producto Bruto Interno, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

PUEDES VER:China presenta la escalera mecánica al aire libre más extensa del mundo: es equivalente a un edificio de más de 80 pisos

Ante la amenaza del veto, los universitarios anunciaron una marcha para el 2 de octubre, similar a la masiva manifestación del 23 de abril tras la cual el gobierno concedió un refuerzo de presupuesto.

El ministerio de Capital Humano aseguró el miércoles que "hay diálogo y compromiso", aunque los representantes de las universidades lo cuestionan.

El sistema de 66 universidades públicas concentra el 80% de la matrícula del país, unos 2,1 millones de estudiantes.

- "Una inversión" -

Ornella Sol Fritzler, de 27 años, está a un paso de graduarse como odontóloga.

PUEDES VER:Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

"Tenemos gastos grandes de instrumental y nos cuesta comprar los materiales descartables. La facultad provee lo que puede, pero siempre tenemos que 'tarjetear' (pagar a crédito) los gastos para continuar la carrera", cuenta en una pausa en la atención a pacientes en el hospital escuela de la Universidad de Buenos Aires.

Este año se interrumpió la entrega de un kit de insumos para las prácticas.

"Esa ayuda económica que nos daba la facultad en instrumental la dejó de dar porque tuvo que poner esa plata en cosas como pagar luz, gas y todo lo que necesita para mantener el edificio", un gigante de 17 pisos con más de medio millar de sillones de atención a pacientes en el centro de Buenos Aires.

Fritzler dice sentir "miedo" a que el ajuste acabe excluyendo a los alumnos a los que no les alcance para pagar materiales.

Y discrepa con el presidente cuando se refiere al presupuesto educativo como un gasto. "Soy la primera universitaria en mi familia y estoy segura de que soy una inversión", afirma sonriente.

- "Un bien ganado" -

Jorge Aredes tiene 48 años y 25 como docente en la facultad de Odontología.

"Lo que sostiene esta facultad es el compromiso (...), lo cual no quita que el trabajo deba ser correctamente remunerado", dice.

En su opinión, sin una ley de financiamiento universitario "va a ser muy complejo mantener toda la estructura y los servicios".

Aunque prefirió no revelar su salario, Aredes afirmó que "históricamente" las remuneraciones son bajas.

Pese a ello, rechaza enseñar en la educación privada. "Hay una cuestión de pertenencia y de devolución a la sociedad de lo que nos ha dado. Ningún profesor piensa en dejar la UBA", asegura.

"La educación universitaria pública es para la sociedad un bien ganado, un derecho adquirido, un motor de movilidad social ascendente", añadió.

- "La única salida" -

Rafael Fernández tiene 59 años y desde hace 28 trabaja en la recepción de la facultad. De prosperar el veto de Milei, perderá la posibilidad de que su salario remonte frente a la inflación, que acumuló casi 95% en los primeros ocho meses del año.

"El golpe más fuerte fue en diciembre", dice, refiriéndose a la devaluación de más de 50% tras la asunción de Milei.

"En un primer momento el golpe lo asimilas restando compras, salidas o gastos secundarios. Pero en los gastos que no se pueden evitar ha habido una inflación incluso mayor", afirma.

Se trata del costo de transporte y las tarifas de electricidad y gas, que se multiplicaron dos y tres veces por aumentos y quitas de subsidios. "Y lo tenés que solventar con los mismos ingresos", remarca Fernández.

Si prospera el veto "sería casi imposible seguir viviendo de este trabajo y sostener una vida normal", dice, temiendo problemas de funcionamiento en la universidad.

"Si perdemos la educación pública vamos a degradar la calidad de la herramienta fundamental que tiene el trabajo que son las personas. Es la única salida", dice.