Comisión de la Verdad presenta su informe final en Colombia: una apuesta por una era de paz

El camino hacia la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia ha sido extenso, después de tres años de trabajo, la entidad encargada del esclarecimiento del conflicto armado en Colombia entregó el informe final.

Inició con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC en 2016. En el texto, por ambas partes, se estipulaba la creación de una comisión, una institución encargada “de dilucidar los patrones y la persistencia del conflicto armado y reconocer y dignificar a las víctimas en el país y en el exilio que sufrieron sus consecuencias”.

Según los expertos, es un paso clave hacia la construcción de la paz, y enfrentar el desafío de no repetir un conflicto que duró más de 50 años y ocasionó mucho sufrimiento.

En ese sentido, la comisión analizó el conflicto colombiano entre 1958 hasta el 2016 y se enmarcaron en el Sistema Integral de la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Estos son los datos que reveló la Comisión:

Homicidios

La comisión concluyó que 450.664 personas han perdido la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018. Además, situó el periodo entre 1995 y 2004 como el más duro del mismo. En esos años ocurrieron casi la mitad de las víctimas (45%). Se incluyen las víctimas de masacres y asesinatos selectivos.

Desaparición forzada

El Informe concluyó que “la práctica de la desaparición forzada ha estado asociada en Colombia a finales de los años setenta y ochenta con la implementación del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), cuando la desaparición forzada empezó a llevarse a cabo como una práctica contrainsurgente por parte de miembros de la institucionalidad armada. En los años noventa, los grupos paramilitares usaron esta práctica, y en la década del 2000 de forma a veces masiva. A partir de 1995 inicia un crecimiento sostenido hasta llegar a su nivel más alto en 2002, para luego descender hasta 2006 y tener un nuevo aumento en 2007″.

Violaciones a la libertad

La comisión documentó tres tipos de violaciones del derecho a la libertad. Las detenciones arbitrarias, “llevadas a cabo por agentes del Estado bajo acusaciones sin pruebas de pertenecer a un grupo armado ilegal, por sospecha de que saben algo, o con el fin de desestructurar organizaciones sociales, atemorizar a sus integrantes, u obstaculizar procesos sociales”.

También explicó las graves implicaciones de esta práctica, de la que fue primordialmente responsable la exguerrilla de las FARC, en las que hubo 50.770 víctimas de secuestro.

“La mercantilización y deshumanización de la víctima por parte de los responsables la convierten en objeto de cambio, su vida se cambia por dinero o peticiones y si el objetivo no se logra, la víctima es asesinada. El pago del rescate no garantiza la vida de las personas secuestradas”, indicó el informe.

Tortura

“La tortura se explica no solo como forma de obtener información o confesión, sino como modalidades de castigo, de represalia o venganza y hasta formas de discriminación”, reveló la Comisión de la Verdad.

En Colombia se dio en cuatro situaciones: en detenciones por la Fuerza Pública, en ataques y masacres a la población que pretendían aleccionar a comunidades, en ejecuciones extrajudiciales y durante secuestros cometidos por las FARC, donde los secuestrados fueron sometidos a humillaciones, aislamiento, encadenamiento, entre otras, de acuerdo al informe.

Asimismo, se encontró tres periodos críticos. “1) de 1978 a 1982, cuando estuvo vigente el Estatuto de Seguridad; 2) de 1985 a 1989, en medio de las rupturas de los diálogos y procesos de paz, el escalamiento de la confrontación militar y el auge de la llamada ‘guerra sucia’, especialmente contra la UP y otros grupos y 3) desde mediados de la década de 1990 hasta 2005, con el proceso de expansión y consolidación territorial de los grupos paramilitares en varias regiones del país y la extensión del secuestro”.

Reclutamiento de niños y niñas

“El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años es un crimen de guerra prohibido por el DIH. Esta práctica común y generalizada se ha dado desde hace décadas y persiste en la actualidad. También se presentó al interior de la fuerza pública en una época (tuvo personas menores de 18 años incorporadas al menos hasta 1996, cuando era legal) con registros de informes, denuncias y testimonios sobre acciones cívico-militares o de infiltración e inteligencia, en las que involucran en actividades militares a niños y niñas”, indicó el informe.