Compañía indemnizará con US$ 17 millones a migrantes que recibían US$ 1 al día por trabajar
La empresa The GEO Group, que gestiona las cárceles y centros de detención en Estados Unidos, alega que los detenidos no eran trabajadores bajo la Ley de Salarios Mínimos de Washington.
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Un jurado federal determinó que la empresa The GEO Group indemnice con 17,3 millones de dólares a migrantes que recibieron un salario de un dólar diario por trabajar en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el estado de Washington (Estados Unidos).
La decisión, adoptada el último viernes, se tomó dos días después de que el mismo jurado estableciera que la compañía, administradora del centro, debe pagar el salario mínimo a su personal detenido en la instalación de Tacoma, según recogió el diario The Seattle Times.
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Adam Berger, uno de los abogados que representa a los detenidos en la demanda privada, sostuvo que el equipo legal había pedido 13,7 millones de dólares, pero que el jurado decidió que los migrantes debían recibir una compensación mayor.
Se estima que el resarcimiento sea dividido entre las 10.000 personas que han sido aprehendidas en los establecimientos desde 2014.
“Los inmigrantes detenidos en las instalaciones lucrativas de GEO no son criminales y no deberían estar obligados a enriquecer a la corporación”, destacó Berger en un comunicado.
Si la empresa interpone una apelación, el dinero no será repartido hasta que se solucione el proceso, añadió.
The GEO Group, entidad que gestiona penitenciarias, centros de salud mental y centros de detención en América, Australia y Reino Unido, no se pronunció ante el fallo de las autoridades judiciales ni respondió a las preguntas enviadas por los medios de comunicación sobre el caso, según recogió Associated Press.
La firma fundamenta que los detenidos no eran trabajadores bajo la Ley de Salarios Mínimos de Washington. Incluso si lo fueran, afirma, sería ilegalmente discriminatorio que el Estado le exigiera pagar el salario mínimo —establecido en 13,69 dólares la hora—, cuando el Estado no paga el salario mínimo a los reclusos que laboran en sus prisiones.
La definición de empleado en la mencionada ley es ambigua porque incluye a cualquier persona a la que un empleador le permita trabajar, sin importar su condición migratoria. El reglamento indica que las personas que están en un sitio de detención “estatal, condal o municipal” no tienen derecho al salario mínimo por los trabajos que realicen.
No obstante, las instalaciones no encajan con esa excepción al ser una lugar privado y con fines de lucro, alegaron los legistas que batallan por los derechos de los arrestados.
Durante el primer juicio, GEO admitió que podría pagar más a los detenidos si quisiera hacerlo. En 2018, las ganancias que registró la empresa en dicha instalación alcanzaron los 18,6 millones de dólares. Pagar el salario mínimo a los arrestados supondría 3,4 millones.
