México decomisó una tonelada de cocaína de un jet privado proveniente de Argentina
En la aeronave llevaban una droga que de acuerdo al precio de mercado, vale unos 224.640.000 pesos mexicanos, casi 12 millones de dólares.
- Brasil agota sus fichas para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico
- ¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?
El Ejército de México encontró el martes en un jet privado proveniente de Argentina que se dirigía a la isla de Cozumel, estado de Quintana Roo, una tonelada de cocaína en su interior.
A través de un comunicado el Gobierno de México comunicó el hecho, catalogado de golpe significativo a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, dado que la droga decomisada tiene un valor estimado en el mercado de 224.640.000 pesos mexicanos, casi 12 millones de dólares.
TE RECOMENDAMOS
ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+
"Durante el trayecto de vuelo la tripulación de la aeronave se percató de la presencia de aviones militares, por lo que decidieron aterrizar de manera forzada en el aeródromo de Mahahual, Quintana Roo", detalló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El Ejército mexicano aseguró el avión el martes
Personal militar realizó el “aseguramiento” y halló unos 32 paquetes que contenían una “sustancia blanca similar a la cocaína”. Igualmente precisó: “el peso oficial será determinado por las autoridades competentes”.
Los pilotos a cargo del avión, de nacionalidad boliviana, fueron privados de libertad. Por los momentos no han sido identificados ni por la Sedena ni por otra institución de México.
Tampoco trascendió la cantidad y las identidades de los tripulantes de la aeronave privada, que se trasladaba a uno de los estados más violentos de México (Quintana Roo), donde varias bandas luchan por el control del narcotráfico.
Consultado por el portal argentino Infobae sobre los detalles del operativo, el Ejército mexicano respondió que no están en capacidad de otorgar más datos porque “existe una investigación judicial y podemos entorpecer el debido proceso”.
