Lambayeque: condenan a 34 años de prisión por violación sexual y tocamientos a menor
El Primer Juzgado Penal Colegiado Permanente impuso además S/15.000 de reparación civil y ordenó la captura del sentenciado.
El Primer Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenó a J.M.M.B. a 34 años de pena privativa de libertad efectiva, al encontrarlo responsable de los delitos de tocamientos, actos de connotación sexual en agravio de menores y violación sexual, cometidos en perjuicio de una menor de iniciales V.N.V.V.
El órgano jurisdiccional estuvo conformado por las magistradas Rosa Amelia Vera Meléndez y Gerardo Gálvez Rodríguez, así como por el magistrado Héctor Luis Fernández de la Torre, quien intervino como director de debate. La sentencia fue emitida por unanimidad.
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La decisión estableció que ambos ilícitos fueron considerados en concurso real de delitos. Para la determinación de la pena, el Colegiado fijó 14 años de prisión por el delito de tocamientos y 20 años por el delito de violación sexual, sumando ambas penas para establecer la sanción definitiva de 34 años.
De acuerdo con la sentencia, los hechos materia de juzgamiento ocurrieron entre febrero y junio de 2023. El Colegiado valoró de manera conjunta los medios probatorios actuados durante el juicio oral y concluyó que estos permitieron acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del acusado por los hechos atribuidos en agravio de la menor.
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Además de la pena privativa de libertad, el Colegiado fijó S/15 000 por concepto de reparación civil, de los cuales S/5 000 corresponden al delito de tocamientos y S/10 000 al delito de violación sexual. También impuso inhabilitación, dispuso tratamiento terapéutico y estableció la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine la autoridad judicial.
Finalmente, el órgano jurisdiccional dispuso la ejecución provisional de la sentencia, aun cuando se interponga recurso de apelación, y ordenó emitir las respectivas órdenes de ubicación y captura a nivel nacional. Una vez ubicado, el sentenciado deberá ser internado en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
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