Atención, inmigrantes en Colorado: ¿es Denver una 'ciudad santuario' que protege de las deportaciones en EE. UU.?

El alcalde de Denver, Mike Johnston, ha sido convocado a testificar en el Congreso el 5 de marzo para aclarar la relación de la ciudad con las leyes de inmigración federales. La administración de Donald Trump y el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes cuestionan si Denver está obstaculizando los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según información de CBS News.

El debate sobre las denominadas 'ciudades santuario' ha cobrado fuerza en Colorado, especialmente tras la llegada de más de 40,000 inmigrantes en el último año. La ciudad ha destinado más de 350 millones de dólares a servicios para estas comunidades, lo que ha generado posturas encontradas entre funcionarios locales y federales. Mientras algunos defienden la autonomía de Denver para manejar asuntos migratorios sin interferencia del gobierno central, otros advierten que sus políticas pueden estar impidiendo la detención y deportación de extranjeros sin estatus legal en el país.

¿Es Denver una 'ciudad santuario' de Estados Unidos?

El término “ciudad santuario” no tiene una definición legal oficial, pero se usa para describir jurisdicciones que limitan la colaboración con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias. Aunque Denver evita utilizar este término en sus ordenanzas, la ciudad ha adoptado políticas que restringen la cooperación con el ICE en ciertos aspectos.

Desde 2017, el Concejo Municipal de Denver implementó la Ley de Prioridades de Cumplimiento de la Seguridad Pública, la cual prohíbe el uso de recursos locales para ayudar en operativos migratorios. La normativa impide que las cárceles de la ciudad proporcionen acceso a detenidos sin una orden judicial federal y prohíbe que se firmen contratos con el gobierno para la ejecución de leyes migratorias.

¿Qué medidas toma Denver para proteger a los inmigrantes?

Denver ha establecido diversas acciones para garantizar el bienestar de los inmigrantes en su territorio. Entre las más relevantes, se incluyen:

• No preguntar por el estatus migratorio: Las autoridades municipales no indagan sobre la situación migratoria de las personas que interactúan con agencias locales.
• Prohibición del uso de fondos locales en operativos migratorios: La ley impide que empleados y recursos de la ciudad sean utilizados para hacer cumplir normas federales de inmigración.
• Restricciones en cárceles: Los centros de detención de Denver solo colaboran con ICE si presentan una orden firmada por un juez federal.
• Apoyo en la reubicación de inmigrantes: La ciudad ha gastado cientos de millones en asistencia para alojamiento, alimentación y empleo para los recién llegados.
• Colaboración limitada con ICE: Aunque notifican sobre la liberación de ciertos detenidos, la policía local no retiene a personas para entregarlas a las autoridades migratorias.
• Oposición a leyes estatales que facilitan la deportación: Denver ha respaldado la legislación que impide a las fuerzas del orden arrestar a personas únicamente por órdenes de detención migratoria.

Estas medidas buscan equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos de la población inmigrante. Sin embargo, han generado una intensa controversia política y legal.

Críticas a las políticas de Denver

A nivel local, el condado de Douglas presentó una demanda en 2024 contra el estado de Colorado para anular leyes que restringen la cooperación con el ICE. Aunque un juez desestimó el caso, el condado ha apelado, argumentando que estas normativas ponen en riesgo la seguridad de sus residentes.

Por otro lado, el alcalde de Aurora, Mike Coffman, ha expresado su preocupación por el impacto de la llegada masiva de inmigrantes a Denver. Según Coffman, la ciudad ha reubicado a extranjeros en comunidades vecinas sin previo aviso, lo que ha generado problemas de seguridad, incluyendo la presencia de grupos criminales entre los recién llegados. Esta situación ha captado la atención de Trump, quien ha prometido endurecer las deportaciones en respuesta a lo que denominó "Operación Aurora".