Deportaciones en EE. UU.: los obstáculos legales que enfrentan los abogados de inmigrantes detenidos
Los inmigrantes en EE. UU. enfrentan barreras legales al ser detenidos. El medio RPP conversó con un especialista en inmigración para conocer cuáles son las dificultades que enfrentan en su defensa.
La República en GoogleLa crisis migratoria en Estados Unidos ha generado un incremento en los procesos de deportación, lo que afecta a miles de inmigrantes en situación irregular. En este contexto, los abogados especializados en inmigración deben enfrentar múltiples barreras para defender a sus clientes, desde trabas administrativas hasta limitaciones en la recolección de pruebas.
Andrew Lattarulo, abogado especializado en inmigración, dio algunos alcances sobre lo que viene ocurriendo en Estados Unidos en una entrevista para RPP, pues uno de los mayores problemas para quienes buscan apoyo legal es la rapidez con la que las autoridades trasladan a los detenidos a centros de detención lejanos, dificultando su comunicación con sus abogados. Además, los elevados costos de defensa, junto con las restricciones en la solicitud de asilo, convierten la lucha contra la deportación en un proceso desgastante y, en muchos casos, inalcanzable.
¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan los abogados de inmigrantes detenidos?
Uno de los factores que más complican la defensa de los inmigrantes es la reubicación de los inmigrantes detenidos a centros de detención cercanos a la frontera con México. En muchos casos, estos traslados ocurren a pocos días del arresto, dejando a los abogados con poco tiempo para preparar una estrategia de defensa.
Esta práctica complica aún más el acceso a asistencia legal, ya que muchos centros de detención están ubicados en zonas remotas donde hay pocos especialistas en inmigración. Como resultado, los detenidos tienen dificultades para comunicarse con sus abogados, acceder a pruebas y presentar apelaciones a tiempo. Esta barrera legal impide que muchos inmigrantes puedan ejercer su derecho a una defensa justa.
Los costos elevados convierten la lucha contra la deportación en un privilegio accesible solo para quienes pueden pagarlo. Foto: Difusión
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Obstáculos en la aplicación para el asilo en Estados Unidos
Otro de los obstáculos en la defensa de los inmigrantes es el tiempo limitado para solicitar asilo en Estados Unidos. La ley exige que los solicitantes presenten su petición dentro del primer año de su llegada al país. Sin embargo, muchas personas desconocen esta regla y superan el plazo, lo que reduce significativamente sus opciones legales para evitar la deportación.
“Hay mucha gente, por ejemplo, que no aplicaron a un asilo dentro de un año [de haber llegado a Estados Unidos] y si no aplicas dentro de un año no calificas. Entonces, hay muchos peruanos que ya pasaron ese año o vinieron aquí simplemente con una visa y realmente no hay mucho que hacer en algunos casos”, detalló.
En muchos casos, los detenidos no cuentan con pruebas documentales que respalden sus historias, lo que debilita sus casos. Además, la carga de demostrar “miedo creíble” recae en los inmigrantes, un proceso complejo que suele fallar cuando no cuentan con representación legal.
Costos elevados: una barrera para la defensa legal
El factor económico es otro de los grandes obstáculos para los inmigrantes que enfrentan la deportación. En ciudades como Boston, los honorarios de los abogados para solicitar una fianza pueden oscilar entre 4,000 y 8,000 dólares. Sin embargo, incluso si logran pagar el servicio legal, muchos no pueden cubrir el monto de la fianza, que puede alcanzar los 25,000 dólares, según las decisiones de los jueces de inmigración.
“Los jueces de inmigración cobran eso porque realmente no quieren que las personas salgan de allí […] Cuando te quieren detener o estás detenido es bien difícil de que ganes tu caso”, apuntó el especialista.
Esta situación deja a los inmigrantes en una posición vulnerable, ya que sin la capacidad económica para costear su defensa, las probabilidades de ser deportados aumentan. Organizaciones de derechos civiles han denunciado que el sistema migratorio favorece a quienes tienen recursos, mientras que las personas de bajos ingresos enfrentan mayores dificultades para evitar la deportación.
