Perú: cambios laborales a discutirse durante 2025 evidencian la necesidad de una reforma, ¿por qué y cuáles son?

El panorama laboral del 2025 estará caracterizado por la implementación de nuevas normativas impulsadas por el gobierno peruano. Sin embargo, especialistas en temas laborales cuestionan si estas medidas abordan de manera efectiva las necesidades de los trabajadores o si obedecen a objetivos políticos.

Entre ellas se encuentra el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), la presentación de nuevos proyectos de ley para proteger a madres y padres trabajadores, iniciativas sobre la negociación colectiva en el sector público, y la implementación de un nuevo reglamento de la Ley CAS. 

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Negociación colectiva en el sector público

El 28 de diciembre de 2024, el Pleno del Congreso aprobó un dictamen que deroga el artículo 28° de la Ley 32103, eliminando así las restricciones a la negociación colectiva en el sector público. Esta decisión permite que los trabajadores vuelvan a negociar condiciones laborales con impacto económico, dentro de los límites presupuestarios de cada entidad.

“La medida vulneraba principios fundamentales que han sido defendidos durante años por los sindicatos, los cuales están reconocidos no solo por la Constitución del Perú, sino también por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el Estado peruano”, alertó Alejandra Dinegro, especialista laboral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

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Este avance cobra relevancia en el contexto de un proceso histórico que inició el 30 de junio de 2022, cuando se firmó el primer convenio colectivo centralizado estatal en el Perú. Dicho acuerdo, que benefició a trabajadores de los regímenes 276, 728, CAS, servicio civil y carreras especiales (penitenciaria y diplomática), incluyó mejoras económicas por S/ 830 millones. 

Remuneración Mínima Vital 2025

A partir del 1 de enero de 2025, la Remuneración Mínima Vital (RMV) en el Perú será de S/ 1.130, según lo anunciado por la presidenta de la República, Dina Boluarte. Este incremento afectará diversos conceptos y beneficios laborales, los cuales deberán ser considerados por los empleadores.

Entre los principales efectos se destacan:

• Asignación Familiar, equivalente al 10% de la RMV.
• Límite para el suministro indirecto de prestaciones alimentarias, como los vales de alimentos, que será de 2 RMV.
• Límite diario aplicable a los gastos por movilidad no sustentados con comprobantes de pago, que será equivalente al 4% de la RMV.
• RMV por trabajo en horario nocturno, que se incrementará en un 35% adicional sobre la RMV.
• RMV de regímenes laborales especiales, que también se ajustará según esta nueva cifra.
• Subvención a los beneficiarios de Modalidades Formativas Laborales, la cual no podrá ser inferior a la RMV cuando se cumpla la jornada máxima prevista en cada modalidad formativa.
• Contribución mínima a EsSalud, que será equivalente al 9% de la RMV.

Alexandra Ortiz, socia del área Laboral en Stucchi Abogados, enfatizó en una entrevista para La República la necesidad de actualizar la regulación laboral, que aún permanece anclada en normas de los años 90. Además, informó que el censo de 2025 actualizará los indicadores de empleo y ocupación, lo que facilitará la creación de mejores políticas laborales y la mejora de la regulación vigente. “En el Perú aún falta cultura de utilizar los datos para informar y evaluar las políticas laborales”, señaló. 

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Protección de madres y padres trabajadores

En marzo de 2024, el Congreso aprobó proyectos de ley para fortalecer la protección laboral de madres y padres trabajadores, incluyendo la nulidad del despido para trabajadoras de dirección o confianza y el incremento de la licencia por paternidad a 15 días, con 5 días subsidiados por EsSalud. 

Sin embargo, en julio de 2024, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa de la ley, argumentando que la ampliación de la protección contra el despido arbitrario del padre trabajador podría generar desincentivos a la productividad, crear un trato desigual con otros trabajadores sin hijos recién nacidos y aumentar las restricciones para fomentar el empleo formal. También se cuestionó que la licencia por paternidad, al no estar incluida en el ámbito de la seguridad social en salud, no debía ser financiada con los fondos de EsSalud. 

“Existen aspectos en la norma que no están claros. Los empleadores podrían ofrecer días como parte de las vacaciones o podrían surgir casos como nacimientos prematuros que podrían extender la licencia por hasta diez días adicionales y estarían obligados a pagarlos”, explicó Alejandra Dinegro. “A veces, hecha la ley, hecha la trampa”.  

Como consecuencia, el Proyecto de Ley acumulado 1330/2021-CR ha sido devuelto a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso para su evaluación.

Proyectos de nuevo reglamento de la Ley CAS

El 19 de diciembre, la PCM publicó un proyecto de reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen CAS en el Estado (RM N° 359-2024-PCM). Este reglamento, que podría oficializarse en enero de 2025, introduce tres cambios clave:

1. Reserva de plaza: Los trabajadores CAS que sean designados a cargos de confianza o públicos podrán suspender su contrato CAS durante la designación.
2. Contratos CAS: Los contratos CAS hasta marzo de 2021 serán indefinidos (permanentes), mientras que los posteriores serán temporales, renovables hasta tres años, salvo excepciones por emergencia o proyectos especiales.
3. Tipos de puestos CAS: Se definen claramente los puestos de coordinador, especialista, analista y asistente, eliminando la ambigüedad en la jerarquía de los puestos.

Además, el 31 de diciembre, el Gobierno promulgó la Ley Nº 32223, que modifica los Decretos Legislativos 1057 y 276, permitiendo que los trabajadores CAS asuman cargos de confianza o dirección, y reconociendo certificados de experiencia laboral.

Según Christian Sánchez, ex Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, son cambios que podrían haberse resuelto con sentido común, por medio de reglamentos o directivas de SERVIR, que parece tener un papel débil en la gestión. “La reforma del empleo público está nuevamente paralizada. Un año más que se ha perdido, donde no se hace absolutamente nada para ir ordenando los recursos humanos en el Estado”, concluyó.