ONP: Cambios a ley del Bono de Reconocimiento ponen en riesgo la sostenibilidad del SNP
El TC decidió mantener la constitucionalidad de la Ley 31279 que faculta el traslado de los afiliados de ONP a las AFP, con sus aportes. Según especialista, la medida desfinanciaría el sistema público de pensiones.
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El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Poder Ejecutivo contra la Ley 31729, que actualiza el bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). De esta forma, los afiliados a la ONP, que desde el 2002 en adelante, opten por trasladarse a las AFP, podrán recuperar su dinero.
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La decisión del TC se hizo efectiva luego de no haberse alcanzado los cinco votos necesarios de los magistrados. En total, fueron tres votos en contra de Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández, mientras que Helder Domínguez, Manuel Monteagudo, César Ochoa y Luz Zegarra lo hicieron a favor de declarar fundada el recurso legal del Ejecutivo.
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Como se recuerda, el bono de reconocimiento es un importe económico que el Estado ofrece a los trabajadores que decidieron pasarse al Sistema Privado de Pensiones (SPP), el cual se entregó en 1992, 1996 y 2001. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas han alertado que el gasto total para el Estado con la aplicación de la Ley 31729, sería superior a los S/40.000 millones.
Y es que el Congreso fue el promotor de esta norma que aprobó por insistencia el 14 de abril del 2023 con 86 votos a favor, siete en contra y catorce abstenciones. Si bien desde diversas voces del Parlamento aseguraron que la implementación de esta ley beneficiará a más de 115.000 peruanos, lo cierto es que la ONP alertó anteriormente que su costo sería de S/5.800 millones en el primer año y que 4,4 millones dejarían de aportar.
Impacto a la ONP
Para el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Crhistian Sánchez, uno de los principales problemas de la decisión del Tribunal Constitucional radica en el financiamiento del traslado de los afiliados de un sistema a otro, ya que estos recursos tendrían que ser cubiertos por el presupuesto público para el año fiscal 2025.
"El Poder Ejecutivo, al momento de presentar sus argumentos en el proceso de inconstitucionalidad, señaló que el pago de nuevos bonos de reconocimiento no respetaban el criterio de sostenibilidad financiera. Esta es una fuerte razón que no se ha tomado en cuenta. Si son poco más de S/40.000 millones, esto tendrá que impactar al presupuesto a lo largo de varios años. Además, va a desfinanciar otras áreas como los graves problemas en salud y educación", explicó.
Para dimensionar mejor el impacto que tendría este desfinanciamiento del sistema público, Sánchez precisa los siguientes conceptos. La ONP es un sistema de reparto colectivo "donde todos aportan a un fondo que cubre el pago de las pensiones con montos mínimos y máximos, que son bastante bajos", mientras que las AFP se basan en cuentas individuales. Por tanto, esta norma afectaría la fuente de recursos que tiene la entidad para hacer el depósito previsional.
Luego de declarar la constitucionalidad de la norma aprobada por el Congreso sobre la actualización del bono de reconocimiento, el Poder Ejecutivo tendrá que reglamentarla. Según su disposición complementaria transitoria, el MEF deberá precisar los requisitos y condiciones para acceder a este beneficio. Por su parte, la SBS será el encargado de establecer los procedimientos y la orientación a los afiliados con el propósito de garantizarlo.
