La promesa fallida del gas: Masificación de la indiferencia
A 20 años de la explotación del gas de Camisea, persisten las brechas de desigualdad y la falta de acceso energético para las comunidades locales. ¿Podrá el proyecto Camisea 2 cumplir las promesas de desarrollo equitativo en las regiones más desfavorecidas del Perú?
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Hace 20 años, se inició la explotación del gas de Camisea, gas que aún no llega a todos los peruanos y peruanas. Sin duda, una de las regiones más beneficiadas ha sido Lima, siendo esto un reflejo del centralismo. A pesar de ello, considerando que, según las estimaciones, las reservas de gas durarían máximo 20 años más, se viene promoviendo la explotación del “Camisea 2” o el “tren gasífero” que se encuentra, principalmente, en el Candamo, pero ¿para quién?
La experiencia del gas de Camisea tiene aún pendientes con nuestro desarrollo nacional, considerando la baja calidad de vida a nivel rural. Las comunidades aledañas a Camisea no cuentan con servicios básicos y los índices de anemia son altos en la región. Asimismo, tampoco se ha asegurado la equidad energética para Cusco. Es cierto que la extracción del gas ha permitido el ingreso de millones de dólares a la economía del país, así como la profesionalización del sector; sin embargo, por ejemplo, solo la mitad de los jóvenes en Cusco tiene educación superior.
Los índices de desarrollo humano (IDH) evidencian que Perú ha descendido en el ranking, siendo menor al promedio de la región de Latinoamérica. Al 2022, Lima metropolitana tiene un índice de 0,789 y Cusco cuenta con un índice medio de 0,691. Esto indica que la calidad de vida no ha mejorado en la región donde se realiza la actividad gasífera, más aún cuando la brecha de desigualdad se acrecienta, y siendo Cusco parte del tercer grupo de departamentos con índice de pobreza.
Mejorar las condiciones de vida de la población es mucho más complejo en el “interior” del país, y favorecerlas con el gas de Camisea no ha sido una prioridad para el Perú. Primero, porque para volver “rentable” el negocio del gas, se priorizó a las industrias por ser consumidores de gran magnitud. A esto se suma que el gas, en gran porcentaje (50%), se destina a la exportación. Finalmente, la corrupción que se ha asentado en nuestra realidad impidió que en 2014 se continuara con la construcción de un gaseoducto en el sur del Perú.
Bajo este contexto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) insiste en explorar y explotar las reservas de gas en el Parque Nacional Bahuaja Sonene bajo la falsa y vieja promesa del milagro peruano, el desarrollo para todos y todas. Aunque no se cuente con una política clara ni con la demanda suficiente y menos con la infraestructura necesaria para que se haga realidad en todas las regiones. Resulta increíble que, a 20 años de Camisea, se pretenda explotar nuevas reservas de gas, sin haber cumplido con los más pobres y desfavorecidos en el Perú. No los usemos para justificar malos negocios que beneficiarán a unos cuantos.
Así, la masificación del gas a la fecha habría cubierto el 25% de hogares del total a nivel nacional, que además se encuentran, predominantemente, en la costa peruana. En dos décadas de explotación, no se ha garantizado el gas para la Sierra, en su mayoría; y menos para la Selva, donde las industrias extractivas han contaminado la Amazonía norte, afectando a decenas de comunidades nativas. Sin embargo, desde el MINEM, Perúpetro y Congreso de la República, se persiste en buscar más fuentes de gas como si esto fuera a beneficiar a todos los peruanos. Aunque el gas no solo tardaría en llegar a las regiones, sino que no alcanzaría al lugar más remoto del país ni a las comunidades que viven alrededor de estos yacimientos. Esta nueva promesa cae en un saco roto que reproduce la indiferencia a las necesidades locales.
La historia de estos 20 años del gas de Camisea ha demostrado que esta industria no ha podido cubrir las necesidades locales de Cusco y el sur Andino. Por ello, para lograr un verdadero desarrollo de las regiones, se deben buscar alternativas que consideren potenciar sus principales actividades económicas sostenibles, servicios ecosistémicos; y garantizar una transición energética justa que incluya a los pueblos indígenas y actores locales, considerando la protección de la naturaleza.
Por Sofía Rodríguez
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
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