Miguel Castilla: Tenemos un Gobierno precario y Congreso prepotente y abusivo, que no le interesa nada
Miguel Castilla, director de Videnza Consultores y exministro de Economía y Finanzas, cuestiona el incremento de presupuesto al Congreso de la República y la inacción del Gobierno, que sigue minando la desconfianza empresarial.
Horas después de esta entrevista, el exministro de Economía fue más crítico en el programa 'Claro y directo', de LR +, con el papel del Congreso en la aprobación del presupuesto 2024. Lamentó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haya claudicado y aceptado el chantaje de los congresistas, que hicieron aumentar 200 millones más su pliego. Para todos los sectores el incremento asciende a 12%, mientras que el del parlamento es de 23% en una época en que se pide a todos ajustarse los cinturones. “Rechazo un presupuesto expansivo para una institución que le hace daño al país”, dijo.
Añadió: “la tecnocracia se comió ese sapo y tendrán que someterse a la realpolitik, donde el congreso gobierna y el ejecutivo es sumiso". “No le ponen freno a iniciativas que minan los indicadores macroeconómicos y la confianza en el Perú”, sentenció.
—Los empresarios están muy pesimistas, según la encuesta del Banco Central de Reserva (BCR). No hay confianza para invertir.
—En la época de la pandemia tuvimos una caída fuerte, pero fue un momento excepcional. Este año, en el corto plazo, había mucho pesimismo, empero con cierta previsión de que las cosas mejorarían. La medición de octubre arrojará una fotografía peor por todas las cosas que están pasando. Los programas de estímulo económico no han cambiado la desconfianza. Hay preocupación por la estabilidad jurídica, las instituciones y transparencia de la cosa pública.
—Antes se decía que la economía y política caminaban por cuerdas separadas, ahora no.
—Cuando había esa teoría, estábamos en una bonanza de materias primas y condiciones externas muy favorables. Un punto de inflexión fue a partir del año 2016 (gobierno de PPK), por la exacerbación de la volatilidad política y el shock de la pandemia. El pesimismo y la afectación de lo político a lo económico tiene que ver más con el temor a tomar decisiones y la inacción que se ha apoderado del Estado peruano. A los empresarios les es muy difícil tener previsión respecto al futuro. Lo otro es la burocracia: centenares de proyectos inmobiliarios están parados por desidia, falta el sentido de urgencia o chantaje de las autoridades locales. Además, hay un entorno enrarecido, una raya más al tigre.
—Pero los precios de los metales no están tan bajos.
—El cobre está por encima del promedio de los últimos 10 años. El oro, también. (...) Este inmovilismo básicamente lo que ha hecho es paralizar al país y lo vemos en las cifras de la inversión privada. Nos está pasando factura lo institucional, falta de respeto en los contratos, la vulneración a la estabilidad jurídica, desde el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hasta otros casos notorios. Por otro lado, el consumo privado se contrajo, el año pasado en este trimestre, creció casi 3%, este año probablemente no crezca y ese es el grueso del gasto del país, representa el 60% de la demanda interna. Entonces tenemos esta conjunción de inversión parada y el consumo resentido por una precarización en el mercado laboral.
—Sobre el respeto a los contratos, generalmente estaba muy asociado a lo ideológico y a líderes de izquierda, ahora lo vemos en la derecha.
—El populismo no tiene ideología política, hay populismo de izquierda y de derecha. Hoy estamos viviendo de los dos, quizá el más nocivo sea el de derecha. En teoría, se supone, debe ser más respetuoso de los derechos de propiedad, seguridad jurídica. Populismo legislativo regulatorio más parálisis es un cóctel complicado de digerir.
—Con un Congreso con capacidad de gasto avalado por el Tribunal Constitucional (TC).
—Es un festín y con un TC conservador. Salvo el voto del magistrado Monteagudo, el resto no está frenando la sensatez de los fallos en materia económica. El Congreso recién aprobó el presupuesto, lo condicionaron a una serie de iniciativas. El Ministerio de Economía y Finanzas hizo circular un documento de 900 pedidos, que sumaban un gasto adicional de 16.000 millones de soles. De fuente directa del MEF sabemos también que condicionaron la aprobación del dictamen a un incremento del 23% de su presupuesto institucional.
—¿Y para qué?, ¿para repartirse bonos?
—Es indicativo de que los conceptos básicos de equilibrio presupuestal y de competencias diferenciadas entre poderes del Estado no existen. Probablemente, los congresistas se han visto envalentonados y han llegado al límite del plazo de la aprobación del presupuesto. Rara vez vi que se deje al 30 de noviembre la votación de la ley de presupuesto.
—Este esfuerzo económico de inyectar S/18.000 millones no va a funcionar.
—No dio resultado, la obra pública se ha contraído en gran medida, no fue efectivo el impulso. Los gobiernos regionales y locales en gran medida son los ejecutores del presupuesto y tuvieron grandes problemas. Los programas de crédito subsidiado, Myperú, aumentó de 5.000 a 15.000 millones de soles las garantías. Es positivo, pero tienen alcance limitado, va para quienes tengan capacidad de repago, lo intermedia la banca privada que filtra a muchísimas empresas. Más de 2 millones de empresas no tendrán ese tipo de apoyos. Reitero, el principal problema es la desconfianza, no los indicadores macroeconómicos, sino por toda la implosión institucional y especialmente de dos poderes (Congreso y Ministerio Público), que se suponía lideraban la lucha contra la corrupción y vemos que están corroídos de pies a cabeza.
—¿Cuál es la salida?
—Habrá una recuperación el próximo año, asumiendo que El Niño sea moderado y las políticas de estímulo tengan impacto. Pero un crecimiento de 2% es insuficiente para generar el empleo. Tenemos medidas que pueden ser políticamente costosas, pero desde que se derogó el régimen de promoción agraria se han perdido 100.000 puestos de trabajo formales en el agro moderno. Necesitamos crecer más, eso implica estabilidad. Faltan reformas en lo laboral, corregir la descentralización fallida y la meritocracia, esos temas deberían debatirse en el Congreso, pero ellos están más enfocados en sus fueros, en ganarse el bono, aumentar su presupuesto o en mantener una impunidad terrible.
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—Sin capital ni decisión política, ¿no cree que deben adelantarse las elecciones?
—Estoy de acuerdo que se requiere capital político. Tenemos un Gobierno precario y un Congreso prepotente y abusivo, que no le importa nada. Hace 12 meses, cuando hubo el cambio de Gobierno, pensaba que el país requería que este Gobierno concluya la gestión, pero ha demostrado una parálisis terrible. Muchos estamos reevaluando la posición si es que no es mejor adelantar una elección para que por lo menos pase algo, ¿no? No podemos seguir así. El costo social de eso puede ser muy grande, crece la pobreza ante la falta de crecimiento económico. Por otro lado, nada garantiza que tengamos un nivel de fragmentación política como el 2021, con dos candidatos que no sumen el 25%, en extremos ideológicos.
—Ese nivel de reflexión no lo tiene la clase política, todo se ha relativizado a una guerra contra los caviares.
—Coincido con esa apreciación, hay temas críticos como la criminalidad que vive el país y pedidos de medidas radicales, las instituciones están debilitadas y algunas capturadas por el clientelismo. Hay muchos que consideran que estar así dos años y medio es mucho. Si bien los cuadros mejoraron (ministerios más técnicos), pero al final el Ejecutivo acaba cediendo a todo porque lo que privilegia es su permanencia en el poder. Eso lo están sintiendo las élites empresariales, ya no hay ese consenso que había que, ante la incertidumbre, mejor quedémonos con lo que tenemos. No podemos darnos el lujo de nuevamente tener un año más en una situación en la cual no se ven liderazgo y todas esas agendas individuales y subalternas se apoderen del país.