Congreso busca revertir fallo del TC que condona millonarios intereses moratorios a empresas
La sentencia del Tribunal Constitucional impide cobrar impuestos generados por una deuda en controversia en el tiempo, una vez que la empresa morosa ha conseguido alargar sus juicios hasta la etapa del Poder Judicial. Sunat y MEF advierten un inventivo perverso para litigar en contra del Estado peruano.
La congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley para revertir los efectos del fallo del Tribunal Constitucional, que condona retroactivamente los millonarios intereses generados por empresas que arrastran juicios históricos con el Estado peruano.
Ante este hecho, cabe precisar que, la Sunat denunció que, con esta sentencia, se ha generado un precedente para que las grandes deudoras del fisco dejen de pagar más de S/12.000 millones por intereses tributarios, una vez que logran alargar sus procesos hasta llegar a la etapa del Poder Judicial. Pese a que la entidad recaudadora presentó un pedido de nulidad, el TC se reafirmó esta semana en su decisión.
Según el PL 4517/2022-CR, los intereses moratorios son de obligatoria aplicación, y no cabe "ningún tipo de prohibición o suspensión", salvo los supuestos establecidos de manera expresa por ley en el artículo 33 del Código Tributario.
El proyecto de la congresista no agrupada por el Cusco considera que el juez o magistrado incurrirá "en el delito de prevaricato si ha ejercido control difuso sobre el artículo 33 del Código Tributario", es decir, por atentar contra lo que establece expresamente la actual ley.
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"La presente ley es de aplicación inmediata y restituye plenamente los efectos del artículo 33 del Código Tributario. En caso de que se haya interrumpido el cálculo de los intereses moratorios durante el año 2023 por cualquier motivo no contemplado en el Código Tributario, debe recalcularse", anticipa el documento.
Según advirtió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el fallo del TC posterga la atención de sus necesidades, pues genera una reducción de los ingresos futuros que le permitirían al Estado el cumplimiento de sus funciones, además de alentar, innecesariamente, la litigiosidad para el cobro de impuestos en nuestro país.