Trabajadores CAS de EsSalud se incorporarán al régimen 728
Por insistencia. Congreso aprobó iniciativa pese a observación del Ejecutivo, que prevé un escenario sin meritocracia.
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Con 111 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó este viernes por insistencia la ley que incorpora al régimen laboral del DL 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a los trabajadores del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), inmersos en el régimen CAS con contrato a plazo indeterminado.
Como se recuerda, este dispositivo a favor de los trabajadores médicos había recibido la aprobación de los parlamentarios durante la sesión del pasado 21 de diciembre del 2022. Una semana después, se remitió al Ejecutivo para su promulgación, pero el 19 de enero fue observada.
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“Se hace justicia”
El congresista José Luna Gálvez, titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, dijo que la iniciativa busca hacer “justicia” con los médicos del régimen CAS que no cuentan con los beneficios de otros trabajadores, pese a haber contribuido en la emergencia contra la COVID-19.
“La contratación de personal encargado de brindar prestaciones está dentro de la finalidad de los fondos de Essalud, y por ello no se ve afectado por la intangibilidad de dichos fondos; en el presupuesto de Essalud, al mes de agosto del 2022, se destinó el 37% a gastos de personal, aproximadamente 3.990 millones de soles. Por tanto, esta observación no es válida”, suscribió el legislador de Podemos Perú.
Luna cuestionó que actualmente los CAS presten los mismos servicios a los asegurados, pero que coexistan tres regímenes en el interior de Essalud “que solo generan inequidad en cuanto a remuneraciones, derechos y beneficios”.
Riesgos según el Ejecutivo
Uno de los principales cuestionamientos a la norma es que incorporar a los trabajadores CAS al régimen 728 generaría un evidente incremento del gasto público que no tendría financiamiento por parte del Estado. El Ejecutivo también había observado que el ingreso de trabajadores CAS al régimen de la actividad privada, directamente y sin concurso, vulnera los principios de mérito e igualdad en el acceso de las funciones públicas.
