Economía

Congreso aprobó proyecto para que mypes paguen 25% menos en registro de signos distintivos

La iniciativa contó con opinión favorable de Indecopi, pero fue rechazada por el MEF y la Cámara de Comercio de Lima. Costos por registro para mypes se reducirán de S/ 534,99 hasta S/ 401.

El proyecto presentado por Adriana  recibió 104 votos a favor, 1 en abstención y ninguno en contra. Foto: Aldair Mejía/La República
El proyecto presentado por Adriana recibió 104 votos a favor, 1 en abstención y ninguno en contra. Foto: Aldair Mejía/La República

El Pleno del Congreso aprobó este jueves 3 de noviembre un proyecto de ley que busca reducir el pago que hacen las micro y pequeñas empresas (mypes) para registrar signos distintivos. El importe de S/ 534,99 se reducirá un 25%, hasta los S/ 401, cuando esta iniciativa entre en vigencia.

El proyecto presentado por la congresista Adriana Tudela (Avanza País) recibió 104 votos a favor, una en abstención y ninguno en contra. Previamente, el dictamen fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Legislativo.

Este proyecto recibió la opinión favorable del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Según cifras de esta entidad recogidas en el texto congresal, entre enero y septiembre del 2021, los emprendedores nacionales solicitaron el registro de más de 31.000 marcas.

Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante un oficio firmado por el titular del sector, Kurt Burneo. “Quien tiene potestad tributaria para regular las tasas respecto a su pago es el Poder Ejecutivo y no el Poder Legislativo”, señaló el escrito. De acuerdo con el MEF, un beneficio tributario de este tipo se debe establecer por decreto supremo y no por medio de una ley.

También la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se mostró en contra del proyecto mediante una carta firmada en junio de 2022 por su director, Carlos Posada. El gremio señala que esta modificación “vulnera la propia naturaleza de las tasas” y “podría propiciar el desorden presupuestal en las entidades públicas”, porque el costo del beneficio para un grupo específico de administrados tendría que subsidiarse con el presupuesto ordinario de la institución.