Se alarga escasez de medicamentos genéricos
Contradicción. Inkafarma y Mifarma aseguran regularizar su stock. Clientes siguen sin encontrar remedios básicos para COVID-19.
La República en GoogleContinúa el desabastecimiento de medicamentos genéricos considerados esenciales contra la COVID-19 en diversas boticas y farmacias de Lima metropolitana.
Por ejemplo, La República corroboró que en Inkafarma y Mifarma de av. Los Chancas (Santa Anita) no tienen stock de paracetamol en ninguna presentación. En el caso de la primera solo hay azitromicina a S/ 1.30 la unidad y a S/ 13 el blíster genérico, no obstante en la segunda solo venden el de marca del laboratorio Pfizer, valorizado en S/ 33,30.
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En boticas aledañas como el Buen Vecino o BNF, el blíster del paracetamol genérico se puede encontrar, pero por unas monedas más, fluctuando entre S/ 1,50 y S/ 2,00. Pero no hay azitromicina.
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En Lince, precisamente en la av. Julio César Tello, la azitromicina y paracetamol se agotaron desde hace tres días en Mifarma y en Inkafarma. “No hay desde hace varios días, no sabemos cuándo traerán”, aseguraron los trabajadores. En tiendas como Boticas Perú y Boticas Hollywood, el blíster de paracetamol genérico vale S/ 1,00.
La falta de paracetamol y azitromicina se replica también en San Juan de Miraflores, precisamente en las sucursales de Inkafarma y Mifarma frente al hospital María Auxiliadora, al igual que en la av. Gran Chimú de Zárate (San Juan de Lurigancho), repitiéndose el desconocimiento de los propios vendedores sobre la fecha para reabastecer el stock. Vale enfatizar que ambas cadenas vienen señalando que están recolocando estos productos diariamente, pero la realidad difiere de su postura.
Llamado del Congreso
Desde el Congreso, la parlamentaria Norma Yarrow (Avanza País) remitió al ministro de Salud, Hernando Cevallos, la necesidad de informar sobre las acciones que adoptarán para garantizar el abastecimiento de los medicamentos genéricos.
Por su parte, Isabel Cortez (JPP), presentó un proyecto de ley para regular los precios máximos de las pruebas de COVID-19. “Es necesario que el Estado intervenga para garantizar que la salud sea un derecho y no una mercancía”, sentenció.
