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Economía

Estatales piden al MEF que presupuesto público 2022 incluya mejoras salariales

Trabajadores del sector público solicitan que los aguinaldos y el bono por escolaridad se aumenten.

Este 30 de agosto vence el plazo para que el Poder Ejecutivo presente ante el Congreso de la República el proyecto de ley del presupuesto público 2022.

En ese escenario, los trabajadores estatales solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que el presupuesto público del próximo año incluya mejoras salariales, en línea con la negociación colectiva.

José Sandoval, vocero del Frente de Trabajadores Estatales del Perú, señaló que han enviado un oficio al MEF donde piden que el incremento de las remuneraciones o bonificaciones en el sector público se puedan realizar con los saldos disponibles que se proyecten al cierre del Ejercicio Fiscal.

No obstante, el representante sindical precisó que solo estas mejoras se darían siempre y cuando sean sustentadas en los convenios colectivos o laudos arbitrales.

Según explica Sandoval, esta medida beneficiaría a más de un millón doscientos mil trabajadores estatales que no pueden recibir mejoras en materia económica porque el artículo 6 del presupuesto público de los años anteriores lo prohíbe. “Estamos planteando que con los saldos que cada entidad tenga se pueda dar un bono excepcional, porque todos los saldos que tienen a fin de año lo devuelven”.

Asimismo, Sandoval aclaró que esta propuesta no demandaría recursos adicionales al Estado.

Otro pedido de los trabajadores del sector público es que los aguinaldos y el bono por escolaridad se aumenten.

Plantean que los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad pasen de S/ 300 a S/ 400. Mientras que la bonificación por escolaridad se eleve de S/ 400 a S/ 500.

El costo estimado por el incremento de los aguinaldos y la bonificación por escolaridad impactarían en aproximadamente a S/ 115 440 000, según el oficio que fue remitido al MEF.

El dato

Pedido. Los trabajadores estatales realizarán un plantón este 25 de agosto en el MEF, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo para que se respete la negociación colectiva en el sector público.

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