Congreso aprueba dictamen para revisar ceses colectivos durante década de los noventa

El Pleno del Congreso aprobó el pasado martes, por mayoría, el dictamen que autoriza la revisión de los ceses colectivos en las empresas del Estado durante la década de los noventa.

A detalle, se dio luz verde con 72 votos a favor, 13 votos en contra y 16 abstenciones – y se exoneró de segunda votación – el texto sustitorio de los PL N° 6111 y 6908 para evaluar los casos de exempleados que se acogieron al procedimiento previsto por la ley 30484.

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’'Es una gran medida que se ha tomado (en el Congreso) porque es un tema que debe concluir. Los ceses colectivos en la época del fujimorismo fueron todos inconstitucionales’', indicó a este diario Benigno Chirinos, secretario de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP).

El representante sindical recordó que, hacia julio del 2002, salió la ley 27803 que determinaba compensar económicamente, se dé una jubilación anticipada o reubicación en el cargo a los trabajadores removidos irregularmente para un primer listado de beneficiarios, y durante los últimos gobiernos, se fueron creando hasta cuatro listas más aunque no se ha llegado a estudiar todos los casos.

Según Daniel Oseda (Frepap), presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, los despidos masivos irregulares comprometieron a más de 300 mil trabajadores del Gobierno central, regionales y locales, así como en empresas públicas.

“Se ha evidenciado que no se ha evaluado correctamente miles de solicitudes. Por ello, es necesario dar una absolución inmediata y concluir razonablemente, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el listado final y cerrar así un proceso desgastante, engorroso, y muchas veces injusto”, expuso.

Detalles

La norma puntualiza que se cree una comisión multisectorial integrada por un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (quien la debe presidir), de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sumado a uno de las centrales sindicales y otro elegido por el gremio de extrabajadores cesados irregularmente no comprendidos en ninguna central sindical.

La Comisión multisectorial, dentro del plazo de 180 días desde su instalación, revisará los expedientes presentados por los extrabajadores excluidos de la Resolución Ministerial 142-2017-TR, y tendrán hasta 45 días para presentar los argumentos y medios probatorios que sustenten su derecho, a través de un formulario en la web del MTPE.

Por su parte, el laboralista Ricardo Herrera reconoció que se incurrió en la inconstitucionalidad durante los noventas tras permitirse que las entidades públicas hagan ceses colectivos con su sola presentación, cuando es facultad del MTPE dar la razón antes de proceder.

El especialista estimó que cerca de 27 mil trabajadores fueron cesados, y desde hace casi 20 años, aproximadamente 16 mil han sido incluidos en las cinco listas emitidas para remediar los daños provocados, tal como determinaron las comisiones de diversos gobiernos.

No obstante, considera que seguir pensando en una nueva lista de ceses colectivos es arriesgarse a crear más gastos en reposición, por lo cual se debe dejar este trabajo al gobierno que entre en julio de este año. ’'Ya el Tribunal Constitucional ha dicho que para que un trabajador cesado irregularmente en los años noventa pueda ser repuesto, la entidad pública correspondiente tiene que tener la plaza presupuestal y vacante. Y si ahora se ha dado la eliminación del CAS, diciendo que deben pasar progresivamente a la planilla del Estado en cinco años, como que el Estado está recibiendo bastante presión para incorporar a todos los trabajadores. Todos entrarían con estabilidad laboral, con una burocracia frondosa y haciendo que el Estado pague más de lo debido por remuneraciones’', acotó.

También recordó que hay más de 1.500 procesos judiciales a nivel nacional en donde se discute si un trabajador debió ser repuesto tras la evaluación de los ceses colectivos.

Finalmente, el congresista Hans Troyes (Acción Popular) señaló que se debe recompensar a los trabajadores afectados, aunque reconoció que de aprobarse esta iniciativa se tendrá que desembolsar más de 530 millones de soles.

’'También hay que hacer un análisis para saber si ellos (los trabajadores) quieren regresar al lugar en donde trabajaban. Hay que tener en cuenta que esto va a generar gasto y seguramente el Ejecutivo lo va a observar”, aclaró.