Derechos del subsuelo: ¿Qué nos muestra el caso canadiense?
Minería. En algunas regiones, los propietarios del terreno también lo son de los recursos naturales ¿Esto permite que las poblaciones mineras obtengan mayores beneficios? Los expertos opinan.
Por: Guillermo Westreicher H.
¿Sabías que si encuentras una mina de oro debajo de tu casa no te pertenece?
El artículo 66 de la Constitución Política del Perú dice lo siguiente: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares”.
“El Estado y todos los peruanos somos propietarios de los recursos naturales”, explica Manuel Fumagalli, presidente de la Sociedad de Minería Petróleo y Energía (SNMPE).
Sin embargo, advierte el ejecutivo, siempre es necesario que la empresa negocie con el dueño del terreno para iniciar cualquier exploración.
Dicho marco legal no se repite en todos los países. Nuestras leyes provienen del derecho civil. En contraste, existen las naciones que se regulan bajo el derecho anglosajón (“Common Law”). Este es el caso, por ejemplo, de Canadá (en algunas regiones) o Australia.
Análisis del modelo
Bajo el sistema anglosajón, hay una negociación directa entre quien quiere explotar el recurso natural y el dueño del terreno, destacó Carlos Diez Canseco, presidente ejecutivo de Andina Consultoría.
Sin embargo, el experto resaltó que existen casos en nuestro país, como el de Las Bambas, donde se habrían logrado acuerdos ventajosos para las comunidades, aunque estas no sean dueñas del subsuelo.
Para Omar Narrea, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), no se puede afirmar que el “Common Law” sea “mejor” porque son varios los factores que determinan una negociación exitosa para las poblaciones en zonas mineras.
En ese sentido, el docente señaló que es función del Estado brindar apoyo económico a las comunidades para que contraten abogados y accedan a asesoría. De esta forma, aseguró, se alcanzarán acuerdos beneficiosos para todas las partes.
“Los pobladores siempre tienen menos información y poder. Por eso, lo que normalmente hay en todos los países son mecanismos, como la consulta previa, para equilibrar esa relación desigual entre comunidades y mineras”, sostuvo el profesor.
“Las empresas en países como Canadá deben respetar a la comunidad y no ver sus derechos como un bien económico. Entonces, están obligadas a responsabilizarse si existe, por ejemplo, un problema de contaminación”, apuntó.
Narrea indicó además que las conversaciones entre las compañías y las comunidades deben darse de manera “libre y sin presiones”. “El proceso debe ser transparente y visible”, remarcó.
“En Canadá tienes que están muy bien organizados los pueblos originarios, y hay instituciones bien establecidas que ayudan a la negociación entre los empresarios y los dueños de las tierras”, comentó Fumagalli.
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En suma, lo más importante, según los expertos consultados, quizás no es a quién le pertenece el subsuelo, sino que las instituciones funcionen y hagan cumplir la ley, buscando equidad.
Hechos sobre el derecho del subsuelo
En Canadá, como hay un sistema de gobierno federal, en algunos casos los recursos naturales son del Estado, pero en otras regiones los pueblos originarios son dueños de la superficie y del subsuelo, explica Manuel Fumagalli de la SNMPE.
Nuestra tradición jurídica proviene de la colonia, cuando se estableció que los derechos sobre el subsuelo le pertenecían a la corona, explica el experto en temas mineros, Carlos Diez Canseco.
Los impuestos que pagan las mineras deben ser invertidos en su zona de influencia. Así, los ciudadanos podrán sentir el beneficio de la actividad extractiva, señaló Diez Canseco.
La palabra
- Manuel Fumagalli - Presidente de la SNMPE
“Lo importante (más allá de si los recursos encontrados en el subsuelo pertenecen a la comunidad o al gobierno) es que prevalezca el estado de derecho y el principio de autoridad”.
- Omar Narrea - Profesor de la UP
“La discusión es si realmente se está dando apoyo a las comunidades en zonas de exploración minera para que puedan llevar a cabo negociaciones exitosas con las empresas”.