Cáceres Llica exige anular licencia de Tía María y Vizcarra le dice no
Posiciones. Gobernador de Arequipa da ultimátum al Gobierno para anular la licencia de construcción del proyecto de Southern. Su demanda tiene el apoyo de agricultores, alcaldes de Islay y congresistas. Desde Lima, le piden abrir el diálogo y no poner una pistola en la cabeza. Segundo día de paro también fue pacífico.
Fiorella Montaño y Roberth Orihuela
La huelga indefinida de los agricultores del valle de Tambo, ubicado en la provincia de Islay (Arequipa), en contra del proyecto minero Tía María, se enciende, pero políticamente. Y tiene como uno de sus protagonistas al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. La autoridad regional, con el apoyo de sindicalistas, dirigentes agrícolas, alcaldes y congresistas, lanzó un ultimátum al Gobierno central. “Desde acá, le quiero decir al presidente (Martín) Vizcarra que tiene 72 horas para declarar la nulidad de la licencia de construcción para el proyecto Tía María”, aseveró ante un auditorio compuesto por opositores a Southern, reunidos en la sede regional.
Cáceres Llica agregó también que buscarán anular este permiso mediante la vía legal. "Queremos, de manera administrativa y legal, la nulidad del documento; mientras tanto, las marchas continúan de forma pacífica”, agregó.
El gobernador se reunirá hoy con los alcaldes de la provincia de Islay. Luego de eso, brindarán una rueda de prensa para explicar su posición a la prensa y al Gobierno central. Además, señaló que pactará otra cita, para el jueves, con gobernadores de las regiones del sur para buscar su apoyo.
Por lo pronto, las reacciones en contra y a favor de Cáceres Llica no se hicieron esperar.
No se puede anular
Desde Lima, el presidente Vizcarra anunció que no es posible anular la licencia, como lo pide Cáceres Llica desde Arequipa. “Se terminó el trámite administrativo y lo que correspondía era otorgar la licencia", dijo.
Sin embargo, el mandatario aclaró que eso no significa que la compañía de capitales mexicanos inicie mañana las obras. Lo hará cuando obtenga la licencia social, el consentimiento de Islay. Vizcarra no quiso responderle a Cáceres, quien lo tildó de cobarde tras la decisión del Ejecutivo de darle luz verde a Tía María. Dijo que están dispuestos al diálogo.
El ministro de Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, agregó: “La licencia está en suspenso. La misma empresa (Southern Copper) se comprometió a no levantar una piedra, mientras no se consiga la licencia social”.
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La vicepresidenta Mercedes Aráoz fue más frontal con el ultimátum del gobernador mistiano. “Nadie negocia con una pistola en la cabeza, eso no se hace así”, fueron sus palabras sobre el plazo de 72 horas para anular la licencia de construcción.
Además, agregó Araoz que Cáceres Llica le pedía al ministro Ísmodes que incumpla la ley, porque, una vez levantadas todas las observaciones al proyecto, al MEM no le quedaba otro camino.
La también congresista cuestionó la posición adoptada por Cáceres Llica en el conflicto social. “El gobernador no puede ser el que dirija las marchas, porque él tiene que hacer cumplir la ley. Un gobernador que no hace eso podría ser denunciado”, aseveró Aráoz. Cáceres no está solo, lo respaldan los agricultores, alcaldes y congresistas.
El alcalde del distrito de Cocachacra (epicentro de la huelga), Julio Cornejo, manifestó que el gobernador encarnaba la representación de todos. Además, señaló que esperaban el apoyo de otras regiones del sur.
Justiniano Apaza y Marco Arana dieron una conferencia para apoyar a Cáceres y a los alcaldes de Islay. “Esperamos que el presidente llegue al valle para dar la cara y que anule la licencia de construcción”, indicó Apaza.
A su turno, Arana acusó al gobierno de Vizcarra de implementar el mismo modelo aplicado desde la dictadura de Fujimori, el neoextractivismo. “La riqueza está en manos de pocos, inversiones que provocan grandes daños ambientales y exclusiones que se traducen en pobreza y desnutrición en el país”, aseveró.
En tanto, el congresista Horacio Zeballos llegó al valle de Tambo para acompañar a los manifestantes. “Saludo la huelga, porque defienden la agricultura, su actividad económica”, indicó acusando al gobierno de Vizcarra de radical, “porque se dio una licencia de construcción sin que existiera la licencia social”.
Buscan más apoyo
Mientras tanto, la huelga, en el valle de Tambo, cumplió su segundo día en forma pacífica. La intención de los manifestantes fue sumar más adherentes.
Desde temprano, los activistas se reunieron en el distrito de Cocachacra. Desde allí, minivanes y camiones llegaron para trasladarlos a Mollendo, capital de la provincia de Islay. En ese lugar, se reunieron con dirigentes y alcaldes.
En el camino entre Cocachacra y Mollendo, visitaron la playa El Sombrero, donde Southern instalará una planta desalinizadora para abastecer con recurso hídrico sus operaciones. Alegaron que allí hay acuíferos, que pueden ser afectados por la tubería que se tenderá desde el mar hasta la planta desalinizadora de agua.
Asimismo, temen que la salmuera, que retornará tras el tratamiento, afecte el ecosistema marino de esta playa.
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La caravana irrumpió en Mollendo por la tarde. Mercados y tiendas cerraron sus puertas por precaución. En la noche, se realizó una asamblea entre los agricultores tambeños y dirigentes de gremios sociales mollendinos para decidir su participación en la huelga indefinida.
También propone reforma
Cáceres Llica, en un chispazo de retórica política, propuso a los dirigentes del valle de Tambo iniciar una propuesta legislativa para modificar la ley actual de minería.
“Necesitamos un nuevo sistema de minería. ¿Cuánto pasan (como canon) a Apurímac, a Cajamarca o a Arequipa? ¿Cuántas toneladas de oro, hierro o cobre se llevan? ¿Quién controla eso? Por ello, necesitamos una nueva ley”, dijo.
El gobernador agregó que solo se podría desarrollar la minería bajo otras condiciones. “Que paguen más regalías, no más devoluciones (fiscales) a las mineras”, aseveró.
También, en su pronunciamiento, el gobernador hizo hincapié en los problemas medioambientales que afronta Southern Copper en el Mar de Cortés, en México. Allí se derramaron 30 000 litros de ácido sulfúrico, causando graves daños ambientales.
Acuerdo. Consejeros acordaron rechazo a proyecto minero.
Ultimátum. Gobernador se reunió con dirigentes sindicales y agricultores del valle de Tambo.
