Consenso. El gobierno de Martín Vizcarra prepara un Plan Nacional de Competitividad junto al sector privado. Iniciativa también promete reforma laboral.,Aunque la economía peruana logrará un crecimiento cercano al 4% del PBI este 2018, la tasa resulta insuficiente para atender los grandes retos del país como la pobreza, la anemia infantil, la brecha de infraestructura, entre otros. Por ello, y con la finalidad de realizar reformas estructurales que permitan crecer a tasas superiores al 5% anual, el Ejecutivo presentó este año la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), un documento que servirá como hoja de ruta para realizar reformas en nueve sectores (ver infografía). PUEDES VER ¿Cuántos días de trabajo necesita un colombiano para comprar artículos tecnológicos? Por su lado, el empresariado peruano también presentó su propuesta para lograr una economía más competitiva a través del Informe de Competitividad 2019, un extenso documento con propuestas en siete sectores que buscan mejorar el ambiente para realizar inversiones en el país, elevar el capital humano, etc. Esta iniciativa fue elaborada por el Consejo Privado de Competitividad, un think tank de IPAE que alberga a técnicos del sector privado y que es presidido por Fernando Zavala. Plan Nacional en marzo Con dos propuestas paralelas –una pública y otra privada– que buscan el mismo objetivo, el presidente Martín Vizcarra propuso alcanzar un consenso y alinear los documentos para así presentar el Plan Nacional de Competitividad. Según anunció en su último mensaje a la nación, el pasado 12 de diciembre, las reuniones entre el gobierno y los empresarios ya se vienen realizando y tendrán como objetivo hacer oficial el Plan Nacional de Competitividad en marzo del 2019. "Esta semana iniciaremos este importante diálogo para luego convocar a los principales gremios empresariales y consensuar un mismo plan de competitividad que permita abocar los esfuerzos a un mismo objetivo. En tres meses tendremos listo el plan nacional de competitividad para que sea implementado de inmediato", dijo Vizcarra hace un par de semanas. PUEDES VER Navidad: ausencia de policías y caos vehicular se registra en la Costa Verde [VIDEO] Reforma laboral Ambos planes coinciden en la necesidad de realizar una reforma laboral que reduzca los costos laborales no salariales, es decir, los pagos adicionales al salario que realiza la empresa para contratar un trabajador como CTS, gratificaciones, seguros de salud, capacitaciones, entre otros. La intención la dejó clara el presidente Vizcarra en la última edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), cuando frente al empresariado reconoció que una de las causas de la informalidad "es el alto costo laboral no salarial". "Queremos un mercado laboral más dinámico. Conectar la fuerza laboral con los empleadores. Uno de los factores que eleva la informalidad es el alto costo laboral no salarial que triplica el de los pares de la Alianza del Pacífico", manifestó el presidente. PUEDES VER Capturan a sujeto que habría matado a puñaladas a su amigo en Arequipa Tras el anuncio de Vizcarra, una serie de episodios remecieron al Ejecutivo. Primero, el premier César Villanueva reconoció que "Perú es el país que tiene mayores días de vacaciones" y por tanto debían revisarse, aunque luego negó la intención de un recorte de días. El ministro de Economía, Carlos Oliva, también dijo que los trabajadores deberían tener 22 días laborables de vacaciones. Al poco tiempo, Christian Sánchez renunció a su cargo de ministro de Trabajo, evidenciando discrepancias. Con idas y vueltas, el gran reto del Ejecutivo no solo será emitir un Plan Nacional de Competitividad sino sociabilizar su reforma laboral para evitar el descontento de la población que aún lo respalda. PUEDES VER Huánuco: Condenan a 35 años de prisión a sujeto que violó a su hermana Más pendientes del Ejecutivo El gobierno de Martín Vizcarra también observó la ley que faculta la negociación colectiva para los trabajadores del Estado. A pesar de que la norma fue aprobada por el Congreso como consecuencia de un mandato del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo anunció que presentaría una propuesta para sustituirla. Otra norma que fue observada por el Ejecutivo fue el Régimen de Jubilación Anticipada (REJA), que permite a los trabajadores mayores de 50 años con 12 meses sin empleo retirar sus fondos de pensiones. Durante el 2019 también se deberá implementar el etiquetado octogonal de la Ley de Alimentación Saludable. Para ello, el Ejecutivo preparará una mesa de trabajo con el sector privado.
