Fiscalía solicitó 10 años de prisión contra presidente de la ADFP Óscar Romero

El Ministerio Público ha solicitado 10 años de prisión efectiva contra el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Óscar Romero, por haber cometido supuestos actos de corrupción cuando era Gerente General Regional del Gobierno Regional del Callao en el año 2019. En el comunicado del Ministerio Público, emitido el último martes 14 de marzo, también se pidió prisión para el excongresista Alberto Beingolea y otro exgerente Carlos Palacios por el delito de colusión agravada.

"El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao solicitó 10 años de pena privativa de la libertad efectiva contra el abogado Alberto Beingolea Delgado y los exgerentes del Gobierno Regional (GORE) Callao, Omar Martín Romero Aquino y Carlos Andrés Palacios Meza, tras encontrar indicios de la comisión del delito de colusión agravada", dice el informe del Ministerio Público.

Si bien es cierto, en el informe se colocó "Omar", el nombre correcto es "Óscar", pues Óscar Martín Romero Aquino se desempeñó como funcionario del Gobierno Regional del Callao en 2019 y dos años después, el 15 de noviembre de 2022, se le abrió una investigación por aprobar los servicios de asesoría legal para la Gerencia General Regional, a pesar de que los informes legales que presentó Alberto Beingolea no cumplían con las condiciones establecidas. Según la resolución N.° 376-2022/GGR, esta conformidad de servicio favoreció al contratista Beingolea debido a que recibió un pago de S/20. 000 del GORE por prestaciones de servicios que no se dieron de forma efectiva.

La resolución señala que los hechos que se le imputan a Romero sucedieron el 19 de febrero de 2019. Tras el inicio de la investigación en noviembre del año pasado, ahora la Fiscalía de la Nación ha pedido 10 años de prisión para todos los involucrados. Según el informe del Ministerio Público, la fiscal encargada del caso, Katherin del Pilar Arpe Sánchez, ha encontrado 33 elementos de convicción que probarían el delito.

"De acuerdo a la investigación realizada por la fiscal adjunta provincial Katherin del Pilar Arpe Sánchez, Beingolea Delgado fue contratado por el GORE Callao, entre los meses de febrero y marzo 2019, a fin de prestar el servicio de asesoría legal a la Gerencia General Regional; sin embargo, dicho servicio no se habría prestado de forma efectiva, pagándose a un proveedor por servicios que, en la realidad, nunca prestó", informó el Ministerio Público.