Rosita Vílchez: ¿por qué se convirtió en la empresaria peruana más buscada por el FBI?

Milagros Pino Ponce, conocida también como Rosita Vílchez, ingresó a la lista de los más buscados por el FBI en noviembre del 2013. Dos años más tarde, en 2015, la empresaria, quien trabajaba en el rubro de bienes raíces, fue sentenciada por las autoridades estadounidenses a 66 meses de prisión.

Pero, ¿qué delitos cometió Rosita Vílchez en los Estados Unidos para ser considerada la peruana más buscada por el FBI?

¿Por qué Rosita Vílchez se convirtió en la peruana más buscada por el FBI?

En 2008, Estados Unidos enfrentó una de los peores crisis inmobiliarias de su historia. Los precios de las viviendas se elevaron y muchas personas perdieron sus casas debido a que no podían pagar dichos inmuebles.

El origen de este problema fueron las enormes cantidades de hipotecas subprime —créditos que se daban a personas que no contaban con ingresos estables— que se realizaban en el país.

En este contexto, entra el caso de Rosita Vílchez fue acusada por cometer fraudes hipotecarios de más de US$ 7 millones, generados entre 2005 y 2007, por medio de su empresa de bienes raíces Vílchez & Associates y la sucursal de corretaje de préstamos Mount Vernon Capital Corporation, del cual era socia.

Según la traducción no oficial de la nota diplomática que envió la Corte de Virginia y que fue presentado en el programa “Cuarto Poder”, Rosita Vílchez habría estafado a una institución financiera asegurada por el gobierno federal de los Estados Unidos al presentar documentos fraudulentos para que personas con pocos ingresos puedan acceder a un préstamo hipotecario que no podían pagar. Esto no solo habría ocasionado que la entidad bancaria sufriera pérdidas por más de US$ 15 millones, sino que dichos prestatarios perdieran sus casas ejecución hipotecaria.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la empresaria captaba clientes hispanos del norte de Virginia que no dominaban el inglés hablado o escrito por lo que, a menudo, no podían leer los documentos de sus préstamos y desconocían las declaraciones falsas enviadas a las instituciones financieras en su nombre.

Aunque la empresaria se refugió en el Perú por casi un año, en 2015, fue extradita a los Estados Unidos. Allí la Corte de Virginia la halló culpable por lidera una conspiración de fraude hipotecario por lo que fue sentenciada a 66 meses de prisión. Así mismo, se le ordenó cumplir una pena de cinco años de libertad supervisada después de su condena en la cárcel.