El objetivo de la ley de cine del Congreso: la desaparición del cine regional

El pasado jueves 3/4, el Congreso aprobó por insistencia la ley de cine impulsada por los congresistas de las bancadas de derecha. Se llegó a la insistencia porque no se tuvieron en cuenta los puntos observados en la ley por el Ejecutivo tras ser aprobada en una primera instancia.

Se trata, a todas luces, de un retroceso. Basta ver el nivel del debate para señalar que los congresistas que cuestionaban la naturaleza de la anterior ley, la promulgada en el gobierno de Martín Vizcarra vía el decreto de urgencia 022-2019, no tienen las nociones básicas de lo que es cine peruano o más específicamente: cine nacional. La nueva ley de cine aprobada por insistencia vendría a ser, según sus difusores, la puerta de entrada de Perú al espectro cinematográfico mundial a cuenta de que la misma facilita la inversión.

Desde el inicio de esta historia, en la segunda mitad del 2022, cuando ya corría el rumor de que se pretendía cambiar la actual ley, el proyecto de Tudela evidenciaba su carácter comercial y un desconocimiento de lo que es el cine nacional en su más absoluta dimensión.

¿Cuál es la diferencia entre la ley anterior y la actual? Vistas en frío, sin apasionamientos, ambas leyes son buenas en la medida de su contexto. La ley presentada por Tudela se basa en un mayor control económico de los recursos del Estado, en una verificación previa del contenido (la yapa ideológica de derecha) y en la promoción de la inversión extranjera en el sector audiovisual. Exceptuando la aberración de la revisión de contenido, la ley Tudela sería útil en la medida en que tengamos una industria cinematográfica estable y desarrollada, algo que es muy difícil que suceda en el mediano y largo plazo.

La ley anterior, como dijimos, aprobada por el decreto de urgencia 022-2019, era una buena ley a la que le faltaba, como a toda ley en el país, ser regulada. Esta ley propició que se estabilice una producción local que, como tal, se ha justificado en buenas películas, varias de ellas reconocidas internacionalmente. Pensemos en La piel más temida (2023) de Joel Calero y El viaje de Javier Heraud (2020) de Javier Corcuera.  Por cierto, no todas las películas beneficiadas con el financiamiento estatal tienen que destacar, porque el objetivo de una ley de cine no es ese, sino propiciar la producción. En este escenario, el cine hecho en regiones es el que más se ha beneficiado con la anterior ley, lo cual no debe sorprender porque la esencia de una ley de cine es cuidar y promocionar precisamente el cine nacional.

Este es el aspecto que la nueva ley de cine no contempla y no lo contempla debido a su cariz comercial. El cine regional era un estorbo para la inversión foránea. Este aliento a dinero es el corazón de una ley que empezó a aderezarse tras el éxito de Transformers: el despertar de las bestias, en 2023. Muchos productores en el mundo constataron, una vez más, que Perú, gracias a su arquitectura histórica y sus paisajes naturales, era un espacio a explotar. Cuando empezaron a averiguar sobre cómo invertir en Perú, se toparon con un marco legal que no los beneficiaba económicamente.  La situación se “agravó” más cuando Paddington en Perú (2024) no podía filmarse en Perú (al final, se filmó en Colombia parte de esta película).

En ese escenario aparecen Adriana Tudela y sus aliados en el Congreso.  En ese propósito, entraron a la cancha otros factores, como el discurso cultural ligado a la memoria al relacionar el cine de provincias con el discurso de Sendero Luminoso y aseverando que nadie ve este cine.

Se trató de una mentira al servicio de un objetivo mayor: el carácter comercial de la nueva ley, que se sirvió a gusto en un escenario en donde los gremios de cineastas andan desunidos y en silencio los que algo deberían de decir y no lo hacen a ver si algo sacan de esta nueva ley. Penoso.