
Una corte federal de apelaciones bloqueó este viernes 29 de agosto los intentos del Gobierno de Donald Trump de eliminar las protecciones otorgadas a 600.000 venezolanos que han residido y trabajado legalmente en Estados Unidos bajo el estatus de protección temporal (TPS).
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó la decisión de una instancia judicial inferior, que mantiene vigente dicho estatus mientras el caso sigue su curso en los tribunales superiores.
Con este dictamen, se le da la razón al juez federal de distrito Edward Chen, quien en marzo de 2025 afirmó que prohibir el TPS no debía estar motivado por cuestiones políticas ni raciales.
Los magistrados del Noveno Circuito determinaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por Kristi Noem, no tiene la facultad ni la autoridad para eliminar el estatus de protección de los miles de venezolanos que dependen de esta medida para vivir y trabajar en territorio estadounidense.
La decisión se basó en que el Congreso de Estados Unidos estableció mecanismos legales para proteger a ciudadanos extranjeros frente a las injerencias políticas. “Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que fuera predecible, confiable y aislado de la política electoral”, se lee en el fallo de la corte.
Por su parte, Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano-Estadounidense, saludó la decisión de la corte en una entrevista con Newsweek. “Una vez más, la separación de poderes, el debido proceso y los hechos están del lado de las personas más vulnerables; en este caso, las y los venezolanos en Estados Unidos con TPS”, comentó.
En enero de 2025, Trump ordenó a la secretaria Noem implementar las medidas migratorias propuestas durante su campaña electoral. Una de ellas era poner fin a las protecciones temporales para los inmigrantes, a quienes calificaba como "lo peor de lo peor" en el país.
Noem argumentó que la administración republicana decidió desestimar el TPS porque, según afirmó, esta medida se había desvirtuado durante gobiernos anteriores, como los de Joe Biden y Barack Obama, y solo servía —según su versión— para mantener a personas con antecedentes delictivos.

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