
Un juez federal de California, Vince Chhabri, autorizó que cierta información del Medicaid pueda compartirse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de varios meses en los que la medida estuvo detenida por órdenes judiciales. La decisión comenzará a aplicarse desde el 6 de enero de 2026.
En su fallo, Chhabri sostuvo que tanto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) actuaron conforme a la ley al permitir el intercambio de datos básicos de los beneficiarios de Medicaid, con el objetivo de apoyar tareas de control migratorio en Estados Unidos.
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La resolución, emitida el 29 de diciembre de 2025, desestimó parcialmente la solicitud de los estados que buscaban bloquear totalmente esta práctica y permitió que el ICE vuelva a acceder a información de programas de salud pública para investigaciones migratorias desde el 6 de enero de 2026.
El magistrado señaló que, al menos en lo que respecta a datos básicos, las agencias federales justificaron de forma adecuada el cambio de criterio, dejando atrás una política que durante años evitó utilizar información de Medicaid en acciones vinculadas a inmigración.
El fallo judicial estableció con precisión los límites del intercambio de información entre las agencias federales. De acuerdo con la decisión, solo se autoriza compartir datos esenciales de identificación y contacto, y únicamente en los casos de personas que se encuentren en Estados Unidos sin estatus migratorio regular y que accedan a beneficios de Medicaid gestionados por los estados. En ese marco, el juez autorizó el acceso a la siguiente información:
Chhabria señaló que este tipo de datos ya son requeridos por la ley a los migrantes en diversos trámites ante el DHS, por lo que su uso no supone una ampliación indebida de las facultades del gobierno federal.
Si bien la resolución supuso un respaldo para la administración Trump, el juez indicó que ese aval es limitado. Chhabria aceptó la medida cautelar planteada por los estados para todo aquello que vaya más allá de los datos básicos autorizados y fue crítico con la falta de precisión de las nuevas directrices federales. En ese sentido, el fallo prohibió expresamente compartir:

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