
La administración de Donald Trump viene analizando la opción de desplegar soldados de la Guardia Nacional para asistir en las redadas del ICE fuera de su estado, lo que podría generar un conflicto legal entre los estados y el gobierno federal.
Como se recuerda, el gobierno de Estados Unidos se encuentra evaluando un pedido del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para movilizar a 20.000 miembros de la Guardia Nacional, bajo la jurisdicción estatal, para manejar la inmigración en el país, lo que significaría un costo aproximado de 3.600 millones de dólares al año.
De acuerdo con el medio CNN, el gobierno de Trump ha considerado si el DHS puede desplegar las tropas de la Guardia Nacional que han sido solicitadas desde estados republicanos como Texas, hacia estados demócratas como California, donde es poco probable que el gobernador demócrata Gavin Newsom autorice a sus tropas a colaborar con el DHS e ICE bajo órdenes estatales.
"Si te diriges a los gobernadores de los estados republicanos y les dices: 'Dénnos a su Guardia Nacional', nosotros las asignaremos como agentes de inmigración", afirmó Miller en una entrevista por podcast de 2023 con el activista conservador Charlie Kirk. "Si te mudas a un estado adverso como Maryland, entonces será Virginia la que lleve a cabo los arrestos en Maryland, añadió.
John Sandweg, un abogado que fue director interino de ICE y asesor legal interino del DHS, comentó al medio USA Today que el uso de la Guardia para hacer cumplir la ley en estados que no desean participar en ello "superaría los límites de lo que significa la milicia estatal y la Guardia Nacional".
De igual manera, un asistente general de un estado, quien prefirió no decir su nombre para poder hablar de operaciones futuras, dijo que considera poco probable que la administración de Trump despliegue a la Guardia Nacional en estados reticentes, a menos que se active la Ley de Insurrección. Esta legislación permite al presidente desplegar tropas en servicio activo para hacer cumplir las leyes de manera directa y sin limitaciones.
Por su parte, Joe Maher, quien se desempeñó como abogado principal del DHS entre 2011 y 2024, afirmó que la aplicación de la autoridad en otros estados “nunca fue propuesto” durante su permanencia en la oficina. Pham describió la idea del gobierno de Estados Unidos como "un territorio sin explorar".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha solicitado que los 20.000 miembros de la Guardia Nacional operen bajo la autoridad conocida como Título 32. En este caso, los costos son cubiertos por el gobierno federal, mientras que los gobernadores mantienen el control operativo.
Sin embargo, el memorando de solicitud, que fue adquirido por el medio USA TODAY, indica que los guardias trabajarían con ICE mediante un programa de colaboración denominado 287(g). El programa 287(g), implementado en 1996, permite al DHS y al ICE delegar la autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias a agencias policiales de nivel local y estatal, cuyos agentes posteriormente reciben formación proporcionada por el ICE.
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