
Tras el colapso parcial del techo en la planta de tratamiento de agua de Seda Juliaca, ocurrido el último fin de semana, dirigentes de las cuatro zonas de la ciudad realizaron esta mañana un plantón frente a las instalaciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS Seda Juliaca S.A.). Además de exigir la destitución de funcionarios responsables, anunciaron una posible medida de protesta de 24 horas si no se entrega el informe técnico que evalúe el daño.
Según informó la entidad mediante un comunicado, el hundimiento afectó aproximadamente el 25 % de la loza recientemente vaciada, el mismo día en que se había realizado dicha operación. La causa del incidente sería la fractura de puntales de acero del encofrado, responsabilidad directa del consorcio Tupa Fernández, empresa encargada de la ejecución. Asimismo, en el comunicado se indica que la contratista asumirá íntegramente las reparaciones, subsanando los daños conforme a sus obligaciones contractuales.
La empresa también precisó que el 75 % restante de la loza maciza vaciada se encuentra técnicamente estable y sin riesgo estructural. En ese mismo pronunciamiento institucional, EPS Seda Juliaca rechazó la existencia de personal fantasma o contrataciones sobrevaloradas, asegurando que la obra está bajo control recurrente de la Contraloría General de la República, lo cual descarta presuntas irregularidades adicionales.
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En paralelo, la Asociación de Presidentes de las Cuatro Zonas de Juliaca formalizó el pedido de separación inmediata del gerente general de EPS Seda Juliaca S.A., abogado Fredy Armando Carita Faijo, junto con tres funcionarios clave vinculados a la supervisión y ejecución del proyecto PMRI II – Medida I. Argumentan negligencia funcional, mala designación y perjuicio técnico y económico a la empresa y la población de Juliaca.
La solicitud también incluye la destitución del jefe de Proyectos Especiales, ingeniero Richar Fredy Huailla Apaza; del subgerente de Ingeniería, ingeniero Pedro Cutipa; y del residente de obra, señor Luis Edgardo Aguilar Pomari. Según el exdirigente Antero Pimentel Esquivias, la inversión supera los tres millones de soles, por lo que no permitirán la reanudación del vaciado sin un informe final que garantice condiciones seguras para continuar. “No podemos aceptar que se siga sin saber si el daño afecta toda la estructura”, declaró.
La advertencia incluye la realización de una protesta de 24 horas en caso de que el peritaje no se entregue en los próximos días, exigiendo un pronunciamiento oficial que defina si se debe reconstruir o reparar la zona afectada.
Al respecto, el alcalde provincial Óscar Cáceres Rodríguez señaló que se han tomado acciones inmediatas tras el colapso y que la responsabilidad ha sido asumida por la empresa subcontratada. “Estamos esperando el informe de un peritaje técnico para que pueda indicarnos si la refacción de ese tramo, que es más o menos el 25 %, pueda hacerse de la mejor forma sin afectar la otra parte”, afirmó. Este documento será clave para definir si se continúa o se rehace completamente el vaciado.
Finalmente, el burgomaestre indicó que aguardan el cronograma oficial de la empresa para conocer las acciones correctivas. También advirtió que, en caso de incumplimiento o demora, se aplicarían penalidades. Respecto a la demanda de cambio en la gerencia de EPS, sostuvo que no estaría contemplada, ya que, en su evaluación actual, el gerente estaría trabajando adecuadamente en beneficio de Juliaca y los trabajadores de la entidad.

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