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Sociedad

Familias de Surco denuncian penalmente a López Aliaga por demoler sus casas por Vía Expresa Sur: "Han venido en la madrugada"

El sueño de los propietarios de la asociación Pedro Acuña Napán fue irrumpido por personal de la Municipalidad de Lima, que llegó con fuego y maquinarias para expropiar y destruir sus viviendas sin notificación previa y sin dar información sobre los trazos de este proyecto vial.

denuncia penal López Aliaga
"Se han metido a la propiedad privada de manera delincuencial, este martes a las 3 a. m., con fuego y dejando a las familias sin la posibilidad de sacar nada", contó el abogado Carlos Acuña.

Más de 100 familias de la asociación Pedro Acuña Napán, en el distrito de Surco, se han quedado en la calle, luego de que personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima expropiara y destruyera sus propiedades por las obras de la Vía Expresa Sur. Ante ello, han presentado una denuncia penal contra el alcalde Rafael López Aliaga por usurpación agravada.

En comunicación con La República, el abogado defensor de estas familias afectadas, Carlos Acuña, explicó que esta acción se dio porque el personal de la comuna limeña junto con personal civil y maquinarias "se han metido a la propiedad privada de manera delincuencial, este martes 12 de noviembre a las 3 a. m., con fuego y dejando a las familias sin la posibilidad de sacar nada, sin previa notificación".

"Hay tres delitos que ha cometido el señor López Aliaga: usurpación agravada, daño psicológico y moral, y daño patrimonial, porque no han podido sacar nada, ni artefactos, ni ropa, se han quedado como están", dijo Acuña. "Prendieron fuego y la gente escapó como pudo. Luego metieron el tractor de frente, de manera arbitraria", agregó.

El letrado manifestó que los desalojos han comenzado desde el sábado 9 de noviembre y que la Municipalidad de Lima Metropolitana no les ha dado ninguna respuesta, pese a que días previos del inicio de desalojo, los vecinos de la asociación Pedro Acuña Napán enviaron una carta notarial al alcalde López Aliaga, el cual no ha sido respondida.

"Al ver que desde el viernes 8 pasaban por las propiedades de la asociación, para prevenir, le mandamos una carta notarial el 30 de octubre, para saber cuál es el trazo que va a pasar la Vía Expresa Sur. Y no ha sido contestada hasta el día de hoy. Incluso también presentamos una acción de amparo para paralizar las acciones de este señor (López Aliaga) que no puede ingresar por ingresar", indicó el abogado.

Al ser consultado si el alcalde de la Municipalidad Distrital de Surco, Carlos Bruce, intercedió para evitar estas expropiaciones, Acuña nos indicó que dejó que la comuna limeña siga con sus acciones de desalojo y destrucción de viviendas.

"Lamentablemente, el señor Bruce dejó la responsabilidad a la Municipalidad de Lima. Él dijo: 'Yo no me meto en nada, que sea Lima la que haga (o tome acciones) en mi jurisdicción, yo no tengo velas en este asunto', pero lo más triste es que pagamos impuestos a Surco", reveló Acuña.

"Este señor, López Aliaga, es un monstruo, ha atentado con tantas vidas, más de 100 familias de la asociación con título de propiedad. Incluso, el señor tiene una exposición que dice que: 'A sabiendas de que iba a pasar por ahí la Vía Expresa Sur, ellos compraban los terrenos' y nosotros los hemos desmentido con el testimonio de compra-venta, esos terrenos fueron comprados por la asociación Pedro Acuña Napán el 24 de octubre de 1924, y desde ahí han tenido la posesión hasta que lamentablemente, han sido arbitrariamente desalojados. (Son propietarios) hace un siglo, antes de que nacieran los papás de López Aliaga. Esas propiedades están inscritas en los Registros Públicos", contó Acuña.

Foto: La República

Asimismo, reveló que los policías de la Comisaría de Sagitario ni la Región Policial de Lima condicionó el apoyo en el desalojo hasta que López Aliaga demostrara el expediente técnico y por dónde era el trazo que pasaría la Vía Expresa para no perjudicar a los propietarios, cosa que no sucedió.

"Es por eso que el comandante de Sagitario no prestó a dar apoyo ni tampoco la Región Policial. Al ver que la Policía no iba a hacerles caso, vino con toda esa matonería", en relación con personas civiles que no tenían identificación y que llegaron con las maquinarias para destruir las viviendas.

"O sea, dicen 'por aquí creo que pasa y por ahí pasan', sin importar las casas de tres, de cinco pisos… Yo me he acercado cuando mis clientes me han llamado, ¿cuántos niños y adultos mayores están siendo perjudicados? Ni a mí, cuando me he acercado, siendo abogado, (el personal de la Municipalidad de Lima) me han hecho caso", agregó.

Manifestó que estas familias no tienen en dónde pernoctar esta noche. Sin embargo, la sociedad civil, organizaciones y la parroquia de Surco vienen dándoles ayuda de caridad. "Han estado apoyando con víveres, con comidas. Hay personas que les están ayudando a rescatar lo poco que ha quedado y les están compartiendo sus cosas", reveló. Asimismo, el abogado defensor Carlos Acuña resaltó que ni siquiera hay un artículo de expropiación, y si hubiese, el artículo 70 de la Constitución Política del Perú ordena el justiprecio, antes de la realización de la expropiación.

En ese sentido, manifestó que Emape indicó que reconoce que es una propiedad privada, pero que ha sacado una norma de emergencia. "¿O sea una ordenanza municipal va a ir en contra de ley?, la Constitución es primero, el artículo 70. No puede haber una ordenanza municipal más que la ley", subrayó.

Cabe señalar que, hasta la publicación de este informe, no hubo respuesta de la Municipalidad Metropolitana de Lima ni de la Municipalidad Distrital de Surco.

¿Qué dice el artículo 70 de la Constitución Política del Perú de 1993?

"Inviolabilidad del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad, sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio".

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