74 % de la población peruana respalda que niñas sobrevivientes de violencia sexual accedan al aborto terapéutico
Encuesta realizada por organizaciones feministas y de derechos humanos evidencia la perspectiva de la población sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
En el marco de los 100 años de la legalización del aborto terapéutico en el Perú, Amnistía Internacional, el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) encargaron una encuesta a Ipsos Perú, para conocer las opiniones de la ciudadanía sobre situaciones en las que las mujeres deberían poder abortar.
Un siglo de lucha
Los 100 años de la legalización del aborto terapéutico se cumplen en medio de una opinión favorable sobre el tema. Sobre este punto, la encuesta abordó casos específicos, como el de Camila, una niña a quien, luego de sufrir un abuso sexual con impactos graves en su salud física y mental, se le negó el derecho a un aborto terapéutico, siendo criminalizada y acusada de autoaborto por el Estado, tras una pérdida espontánea del embarazo.
Camila buscó justicia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que halló responsable al Estado peruano por violar varios derechos de la Convención de los Derechos del Niño, y ordenó brindarle a Camila una reparación integral. Sin embargo, de las 11 medidas que establece el dictamen, el Estado solo ha cumplido con publicar el dictamen en español y en la lengua originaria de la niña; no obstante, falta una amplia difusión del documento. Y Camila sigue sin reparación integral.
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Avance en la opinión pública
Los hallazgos de la encuesta son contundentes, el 74 % de la población encuestada apoya que el Estado garantice el acceso al aborto terapéutico en casos como el de Camila. Asimismo, seis de cada diez personas están de acuerdo con que el Congreso apruebe una ley que legalice el aborto en casos de embarazo producto de una violación; y, de ese grupo, el 94% respalda la atención gratuita del aborto en casos de violación en los servicios públicos de salud.
Estos resultados muestran una ciudadanía que no solo comprende muy bien la necesidad de cumplir con el acceso del aborto terapéutico en el país, sino que acompaña con su apoyo reformar un marco normativo obsoleto para que proteja a las sobrevivientes de violencia sexual y no se les someta a situaciones extremas como es continuar un embarazo producto de violación.
A pesar de los resultados favorables de la encuesta, de las recomendaciones de instancias internacionales, y que el Estado peruano ha sido sancionado tres veces por negar el acceso al aborto terapéutico en los casos K.L. vs. Perú, L.C. vs. Perú y Camila vs. Perú, las organizaciones de derechos humanos advierten una desconexión con la actual legislación en favor de las mujeres.
Una muestra de ello es el intento de fusión de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) con el de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), lo cual generará un impacto negativo en la garantía de derechos de principalmente las niñas, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
Ante esta realidad, Amnistía Internacional, Manuela Ramos y Promsex coinciden en que los resultados de la encuesta presentan un panorama favorable en relación con la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, ello a pesar de los esfuerzos de autoridades que hoy se oponen a garantizar el derecho de las mujeres a un aborto terapéutico y a avanzar en una modificación legal.
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COLUMNA DE OPINIÓN
Soy Camila y esta es mi lucha por el derecho al aborto
Al ser una niña rural de 13 años, quedé embarazada como consecuencia de la violencia sexual de mi padre. Al solicitar un aborto, el hospital me negó este derecho. Al sufrir una pérdida espontánea, se me sancionó penalmente. Estas acciones me causaron mayor sufrimiento. Por tal motivo, acudí al Comité de los Derechos del Niño para acceder a la justicia. En el 2023, el comité me dio la razón y ordenó al Perú garantizar el aborto para todas las niñas sin discriminación.
Según una encuesta del 2024, el 74% de la población no está de acuerdo con la decisión del Estado de haberme negado un aborto terapéutico. Lo que me ocurrió a mí, es un reflejo de lo que viven miles de niñas. Hace 100 años, el Perú legalizo el aborto terapéutico, sin embargo, no se garantiza el acceso pleno a este derecho debido a la falta de capacitación y los prejuicios de servidores públicos. Además, sigue sin cumplir las recomendaciones de la ONU que tienen por finalidad recomponer mi vida y evitar que situaciones similares se repitan
Por: Camila
