
Las revelaciones de cuatro testigos complican aún más la situación legal del jefe de Estado Mayor de la Primera División de Ejército, el general de brigada Henry Acosta Bernuy, además de otros militares por el presunto delito de colusión en agravio del Estado peruano en la modalidad de robo de combustible y contratación del servicio de transporte. Al igual que el número de testigos, también son cuatro las responsabilidades atribuidas a Los Centinelas.
Un primer hecho imputado a los investigados es la contratación del servicio de transporte y carga de combustible (fletes) para el segundo proceso de elecciones regionales del 4 de diciembre 2022, por S/ 38.685,40, para la Séptima Brigada de Infantería del Ejército. Este evento ocasionó un perjuicio económico de S/34.283,55.
Sobre esto, el testigo Elmer Sandoval Baldera, propietario de la empresa Blanca Flor Express SAC y del vehículo M4W-866, indicó no haber sido contratado por Jherson David Aguilar Quispe, administrador del grifo Jharut Energy Gas EIRL, para el transporte de combustible.
Otro hecho está relacionado con el servicio de transporte de combustible diésel b5 a emplearse en el proceso regional y municipal del 2 de octubre de 2022, por S/ 13.458,37, lo cual ocasionó un daño económico de S/9.534,02.
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Para fortalecer este presunto ilícito, la Fiscalía Anticorrupción recabó la declaración de la testigo Amelia Aquino Salazar, representante legal de Servicios Múltiples Las Torrecitas SRL. Ella negó haber contratado con Jharut Energy Gas.
En ese mismo sentido, el testigo Jhon León Vislao, propietario del vehículo de placa M5J-824, negó haber abastecido en el grifo Estación de Servicios San José SAC y haber prestado su unidad a la empresa que representaba David Aguilar Quispe.
Bajo estas premisas, la Fiscalía fortalece su teoría sobre cómo los investigados, como integrantes del órgano encargado de las contrataciones, habrían concertado con la empresa Jharut Energy Gas EIRL para defraudar al Estado en la contratación para la adquisición de combustible, y con proveedores fantasmas.
También se tiene la declaración de Zenaida Santa Cruz Montoya, propietaria del vehículo de placa de rodaje T8E-916, quien desconoció haber contratado con la empresa mencionada.
Un tercer hecho que se atribuye a los investigados es la contratación del servicio de transporte y carga de combustible diésel b5 a emplearse en los procesos regionales y municipales del 04 de diciembre 2022, por S/ 10.328,50, para la Séptima Brigada de Infantería del Ejército, con un perjuicio de S/ 9.885,85. Al respecto, también se espera registrar más testimonios.





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