La Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), unidad ejecutora que maneja el proyecto Majes Siguas II, no solo fue copada por colaboradores y aportantes de la campaña del gobernador Rohel Sánchez. También funcionarios de confianza, cuyo legajo está con serios cuestionamientos.
Uno de ellos es Juan Cancio Vega Pimentel. Este ocupó la jefatura de Recursos Humanos y Administración. Estuvo vinculado al gobierno de Yamila Osorio. Por ello, la Contraloría le halló presunta responsabilidad penal por suscribir contrato y una segunda adenda para la adquisición de tubos PVC en el sistema de agua potable de La Planchada (Camaná). Contribuyó a que no se cobren penalidades de S/ 14.596 por entregar 39 días fuera del plazo el material.
También está implicado en querer hacer pasar una donación por compra de productos escolares a zonas de extrema pobreza valuados en S/ 29.926. El caso sigue en investigación preparatoria en la Fiscalía y es un caso calificado de emblemático por la Comisión Regional Anticorrupción. Vega habría dado el visto bueno para la fabricación de órdenes fantasma.
En la obra de la segunda etapa de la Variante Uchumayo sus funciones fueron objetadas por Contraloría. Emitió un informe para que un organismo internacional se encargue de la licitación de la obra, eso generó un costo adicional de S/ 927 mil.
Lo sindican de la pérdida de una laptop de S/ 3.650 e irregularidades en la adquisición de máquinas de coser en 2011. Se salvó de sanciones administrativas porque los casos prescribieron en 2015 y 2022 respectivamente.
Otro caso es el de Luis Enrique Laines Morales, quien desde enero está encargado de la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada de Autodema. Como antecedente, brindó servicios como especialista de Comunicaciones a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Unsa). Era rector el actual gobernador Sánchez. El ingeniero entre los años 2017 y 2018 por su trabajo cobró en total S/ 47 mil 500 por seis órdenes de servicio, según el Portal Transparencia.
En 2017, realizó labores para levantar observaciones del expediente de licenciamiento de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Tres años después se convirtió en asesor de la Comisión de Educación del Congreso. Este poder del estado ya intentaba debilitar a la Sunedu, el organismo que licenciaba las universidades. No cumple el perfil del puesto, según la Contraloría.
Ana Lucía Paz Alcázar es una profesional nombrada por Autodema, pero observada por Contraloría. Según la entidad, tiene presunta responsabilidad penal y administrativa por dar conformidad a las órdenes de servicio para el alquiler de tractores oruga que no habían sido ejecutadas mientras fue gerente de Gestión de Recursos Hídricos entre el 2019 y 2020. Hubo fraccionamiento en el alquiler de esta maquinaria. Por el trabajo no ejecutado se causó un perjuicio de S/ 12.936.
Además, cuenta con presunta responsabilidad administrativa al contribuir en el perjuicio de S/ 2 millones por la construcción de pozos tubulares sin uso para evitar deslizamientos de tierra en Alto Siguas, Majes. Eso ocurrió en la gestión de Yamila Osorio. Paz no habría cumplido con supervisar un plan de acción ante la advertencia de la subcontratación de la obra principal por parte del Consorcio Pozo Majes. Pese a ello en esta gestión, Paz es subgerente encargada de Operación y Mantenimiento de Autodema.
A estos casos se suma el de José Luis Narro, que fue parte del equipo de transferencia de Sánchez. No cumplía los requisitos de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Territorial por ser ingeniero geofísico y fue reemplazado por el ex gerente ejecutivo Ulises Aguilar Villavicencio.
Silencio. El nuevo gerente ejecutivo, Walter Aguirre, aseguró que aún no había realizado algún cambio. “Estoy dos semanas y evalúo al personal. No hice ningún cambio”, respondió. Se tramitó una entrevista, pero no hubo respuesta.
Se trata de uno de los proyectos emblemáticos de irrigación más importantes de la costa peruana. Se prevé potenciar la agricultura en el sur del país.