La Fiscalía de Prevención del Delito de San Román (Puno) envió un exhorto a un grupo de dirigentes de Juliaca. Les advierte que si participan en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte eviten incurrir en actos delictivos contra la seguridad y paz pública, violencia contra la autoridad, entorpecimiento al funcionamiento de servicio públicos, disturbios, entre otros.
Esta advertencia fue considerada por la dirigencia como un acto de amedrentamiento y hostigamiento permanente. De acuerdo a la disposición 001-2023-MP-FEPD-SR-Juliaca, emitida el 17 de julio último, se les informa por anticipado que podrían incurrir en los delitos mencionados.
La notificación llegó a los dirigentes Eusebio Chunga Cabrera, presidente de la Central de Barrios y Urbanizaciones de Juliaca; Claudio García Choqueluque, presidente de la Comunidad Chilla; Víctor Montalico Feliciano, dirigente de la Unión de Transportistas de Carga Pesada; y Alejandro Paricahua Rosado, vicepresidente del mercado San José.
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La Fiscalía fundamenta su comunicado y se basa en declaraciones y notas periodísticas sobre reuniones de coordinación para las protestas en Lima, entre gremios de la sociedad civil.
La Fiscalía de Prevención del Delito de San Román dispuso aún no iniciar el procedimiento preventivo contra los dirigentes en mención, pero pone de su conocimiento la existencia de los tipos penales en los que podrían incurrir de no tomar en cuenta dicha notificación.
Para el abogado penalista Efraín Sullca, la Fiscalía de Prevención del Delito estaría tipificando y responsabilizando de forma adelantada la comisión de un delito. Eso podría significar abuso de autoridad. Recomendó a los dirigentes acudir a instancias de Derechos Humanos.
Según el letrado, con esas notificaciones, se atenta contra los derechos a la protesta, libertad de expresión, de transitar y no ser perseguido, y no ser coaccionado. “Por qué más bien no se agilizan los procesos de homicidio y abuso de autoridad”, dijo en referencia a las muertes de las protestas caídas en enero.
Claudio García, uno de los dirigentes notificados, lo calificó como un acto de amedrentamiento con el que se pretende limitar su participación en las protestas. “De esta forma quieren criminalizar las protestas”, dijo.
El secretario de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas, Félix Suasaca, señaló que se presentó una demanda de amparo ante lo que considera una vulneración sistemática al derecho a la protesta.
El Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno recibió la demanda de los dirigentes Félix Suasaca y Salvador Merma, secretario de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (ambos no están incluidos en documento de Fiscalía),
Se atribuye en este recorte de derechos a la presidenta Dina Boluarte, Congreso, la Presidencia del Consejo de Ministros, y ministerios del Interior y Defensa.
Los dirigentes consideran que también se atenta contra derechos a la libertad de expresión y opinión, la participación política, el honor y buena reputación, debido proceso y principios como el de igualdad y no discriminación, interdicción de la arbitrariedad y democrático.
La reunión sostenida entre diez alcaldes de Puno y la presidenta Dina Boluarte en la víspera de la “Marcha de Lima”, ha generado indignación en la dirigencia puneña que ha decidido declarar personas no gratas a estas autoridades. Consideran que traicionaron las luchas del pueblo.