Trabajadoras sexuales protestan frente al Mininter contra mafias de extorsión, trata y sicariato

Distintas organizaciones de trabajadoras sexuales del país realizarán un plantón en la puerta del Ministerio del Interior (Mininter) para demandar que el Estado y las autoridades dejen de invisibilizarlas y velen por sus derechos como ciudadanas.

La concentración es a las 3.00 p. m. de este miércoles 2 de noviembre, en las instalaciones del Mininter, en San Isidro.

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“Nos están matando como si fuéramos pájaros de caza. Nuestras vidas deben ser respetadas, pero somos víctimas de las organizaciones mafiosas de sicariato, de cobros de cupo, de trata de personas”, aseguró Ángela Villón, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales.

Esta protesta es para exigir voluntad política del Gobierno para que se forme una comisión especializada para la desactivación de las mafias de explotación y de cobros de cupos que, hasta la fecha, han asesinado a más de siete trabajadoras sexuales, solo en la ciudad de Lima.

Estos homicidios, que hasta la fecha no tiene responsables identificados ni una alguna investigación transparentada, pone en evidencia la discriminación, estigmatización y criminalización de las que son víctimas las trabajadoras sexuales.

Reconocer el trabajo sexual reduciría la criminalidad

En una conversación anterior con la República, Ángela Villón consideró que si se reconoce el trabajo sexual se podría reducir la criminalidad que hay alrededor de este oficio.

Por eso, “pedimos que el Ministerio del Interior forme, de manera inmediata, una comisión especializada para desactivar las organizaciones criminales de trata y explotación sexual, extorsión y sicariato”, agregó.

En esa línea, el abogado penalista Hugo Müller Solónor refiere que “la prostitución en el Perú debe ser considerada como una actividad económica legal, con la misma protección legal y asistencial que las demás actividades catalogadas como oficios o empleos”.

Sin embargo, “la prostitución es un trabajo cuando se ejerce de manera consentida y libremente, pero no en régimen de esclavitud, forzada o de abuso”, aclaró. Y es precisamente esta última figura a la que el Estado debería enfrentarse, pero, hasta la fecha, “no hay suficientes leyes que protejan a las víctimas de la prostitución forzada”.