
De acuerdo a una auditoría de la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional de Salud (INS) gastó un total de S/ 105 791 416 en la compra de 5 233 346 pruebas rápidas COVID-19, las cuales resultaron ser inapropiadas para el diagnóstico temprano del virus o la detección de casos en la fase inicial de la pandemia.
A su vez, el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 028-2021-2-0229-AC también reveló que el INS cometió una serie de omisiones en el control y supervisión de la distribución de estas pruebas rápidas. Además de no advertir que estos bienes no diagnosticaban el virus SARS-CoV-2, sino que solo detectaban anticuerpos IgM e IgG.
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Por otra parte, la responsable del Laboratorio de Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud Pública del INS no tuvo un sustento técnico que respalde su solicitud para la adquisición de una mayor cantidad de pruebas rápidas, en vez de requerir pruebas moleculares que sí eran eficaces para detectar el coronavirus en las etapas tempranas de la infección, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud (Minsa)
Otra de las irregularidades es el destino desconocido de un lote de 71.720 pruebas, valorizadas en S/ 1 420 218,60, que debían ser recibidas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y distribuidas a distintas Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa), establecimientos de salud, EsSalud, entre otras entidades públicas.
A través del Cenares, según la Contraloría, el INS distribuyó 63.100 pruebas rápidas extraídas de lotes que no cumplían con los parámetros de sensibilidad (mayor o igual a 91%) y especificidad (mayor o igual a 96%).
De acuerdo al informe de la Contraloría, que abarcó los hechos ocurridos del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2021, no se pudo aplicar penalidades por mora al proveedor, por un valor de S/ 210.630, porque el Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del INS ratificó la conformidad y cumplimiento de obligaciones en la compra de pruebas moleculares PCR, sin revisar la documentación que evidenciaba un retraso de la entrega de los equipos necesarios para el procesamiento de muestras.
A su vez, también se generó un perjuicio económico de S/ 170.362,50 al Estado por no aplicar una penalidad por el retraso en la instalación y testeo de los equipos para procesar las pruebas moleculares.
El INS también aceptó una guía de remisión de un proveedor con fecha anterior al requerimiento, y se elaboró el respectivo informe de conformidad, a pesar de que los kits no ingresaron al Almacén Central del INS ni al Laboratorio de Microbiología y Biomedicina de la entidad. Por esta acción, la Oficina General de Administración reconoció el pago de bienes que no ingresaron físicamente a la institución.
En ocho funcionarios de la INS recaerían las responsabilidades administrativas. De estos, cuatro enfrentarían responsabilidad civil y otros dos, responsabilidad penal.
La Contraloría recomendó al titular del INS iniciar las acciones administrativas correspondientes para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores involucrados en los hechos irregulares.





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