Cusco: sentencia ordena al Minsa atender a 90 personas con metales pesados

Por disposición de una sentencia judicial, el Ministerio de Salud (Minsa) se encuentra en la obligación de atender a las personas con metales pesados en su sangre por contaminación ambiental en la provincia de Espinar. Este es un logro de las organizaciones sociales de Cusco.

De acuerdo al director de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, Oracio Pacori, la disposición de la Sala Mixta Descentralizada Canchis de la Corte Superior de Justicia del Cusco a favor de los pobladores contaminados les “hace justicia”.

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El fallo ordena elaborar un plan de atención en salud y declarar en emergencia sanitaria a toda la provincia.

Los demandantes en este caso fueron la comunidad campesina de Huisa, Asociación para la Defensa de Paccpacco, Comité de Usuarios de Agua Qquetara, Frente de Defensa de Regantes de la Microcuenca Ccañipía y Federación Unificada de Campesinos de Espinar, con los patrocinios del Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos Sin Fronteras y CooperAcción.

Respecto a la decisión de los magistrados, la exdirigenta de Espinar, Melchora Surco, sostuvo que espera que el Minsa ahora sí cumpla con la orden judicial. “Para nosotros creo que ya no hay cura. Ojalá hubiera atención y le den a los hijos una mejor vida”, señaló en quechua.

Contaminación en Espinar

En enero de 2013, el Minsa encargó al Laboratorio Ambiental de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos un proceso de despistaje para determinar si los habitantes de algunas comunidades tenían metales tóxicos en sus organismos.

Las muestras fueron tomadas a 38 menores de 18 años, 74 adultos y 68 ancianos de las comunidades de Alto Huancané y Huisa.

En los resultados detectaron —en distintas cantidades— cadmio, arsénico, plomo, talio, manganeso y mercurio. También hallaron antimonio, bario, berilio, cobalto, cesio, estaño, estroncio, molibdeno, platino, uranio y tungsteno.

Lo que no quedó establecido es qué fuente era la causante de la contaminación. Los estudios que realizó en esa ocasión la entidad estatal solo señalan la presencia de metales tóxicos.

El Gobierno prometió realizar una investigación. Han pasado ocho años y ese compromiso no se cumple.