
Irregularidades administrativas y penales serán investigadas en 25 procesos de compra que realizó el Gobierno Regional de Piura, desde el inicio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, advirtió el Legislativo regional.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Alfonso Llanos, manifestó que se trata de contrataciones directas que fueron denunciadas ante el Consejo Regional, para que sean revisadas y se evalúe su derivación a la Oficina de Técnica de Procesos administrativos o Procuraduría Pública.
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Aseveró que el Consejo Regional recibió 55 procesos de compra por la COVID-19, de los cuales 20 ya tiene informe que advierten presuntas irregularidades administrativas y penales.
“Faltan 25 procesos por revisar. Esta semana estamos avanzado, no quiero dar una opinión, pero vamos a ver cómo están, si están igual que las otras o no tiene observación”, expresó.
El consejero Alfonso Llanos manifestó que desde el inicio de la gestión existen más de 40 denuncias que realizó el Legislativo por presuntos actos de corrupción, que incluyen presuntos delitos como nepotismo, colusión, omisión de funciones, entre otros. Explicó que todas las denuncias pasan por un riguroso proceso de verificación.
“Nosotros somos objetivos con nuestras denuncias. Cuando encontramos algo irregular se evalúa y vemos si estos indicios nos conducen a un tema de carácter administrativo o de carácter penal”, remarcó Llanos.

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