A fin de hallar pruebas que sustenten la investigación preliminar que se le sigue al alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, regidores del oficialismo y funcionarios de la Subgerencia de Transportes, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque llegó para las respectivas diligencias en torno a la ordenanza 007-2019.
Como es sabido, desde que entró en vigencia la normativa que permite el ingreso de vehículos pesados, de hasta 35 toneladas, a la ciudad de Chiclayo, las críticas de la oposición, colegios profesionales y sociedad civil no se hicieron esperar.
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Estas dejaron entrever que el burgomaestre y sus allegados habrían favorecido a transportistas con las que mantendrían nexos en diferentes grados, por ello los representantes del Ministerio Público llegaron para solicitar la relación de empresas que solicitaron autorizaciones para circular en el centro.
Los denunciantes afirman que la ordenanza tendría como objetivo beneficiar al alcalde, a su hermano y a familiares del regidor Pedro Ubillús, todos ellos ligados a empresas de transporte pesado.
Como se recuerda, dos meses atrás, la sociedad civil organizada, colegios profesionales, entre otros, salieron a las calles para mostrar su malestar, afirmando que la ciudad no es apta y que podrían suscitarse problemas con el tema de las pistas, la red de suministro de agua, accidentes de tránsito, etc.