El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial suspender por un año el cobro de los peajes administrados por la empresa Línea Amarilla. Se hace el requerimiento en el marco de la investigación contra Lima Expresa, la exalcaldesa Susana Villarán y OAS.
El requerimiento fiscal apunta a suspender las actividades de recaudación de los peajes Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita y Ramiro Priale. Todos estos en la Vía Evitamiento. Lo mismo se busca en los peajes Estadio, Ejército y Huánuco de la Vía Expresa Línea Amarilla.
Pérez Gómez, además, solicitó al Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que se nombre a la Municipalidad de Lima como "administrador judicial" de las áreas que se le dio en concesión a la empresa.
Con la medida, según el requerimiento del Equipo Especial, se busca poner término a las pretensiones de Lima Expresa de "seguir beneficiándose de manera indebida con el cobro de un peaje incrementado mediante acuerdos clandestinos" encubiertos vía un mecanismo de trato directo. A cambio de favorecer a Línea Amarilla para que aumente la tarifa del peaje, Villarán y su equipo habrían recibido 4 millones de dólares para financiar su fallida campaña de reelección.
"Consecuentemente, resulta necesario poner término a la permanencia o prolongación de dichos efectos lesivos del delito, en este caso, mediante la suspensión temporal del cobro de la tarifa del peaje, a fin de no seguir afectando a la población con el cobro de una tarifa del peaje reajustada e incrementada bajo parámetros propuestos por el concesionario y fuera del marco legal del contrato de concesión", se lee en el requerimiento fiscal.
El juez de la investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz programó la audiencia en la que se evaluará el pedido fiscal para el 21 de noviembre a las 11:00 de la mañana.
Según el fiscal José Domingo Pérez, en este caso, sí se cumplen los presupuestos para pedir la suspensión de las actividades de la empresa Lima Expresa: suficientes elementos de convicción y peligro procesal.
Para el primer presupuesto, Pérez presentó 33 elementos de convicción, entre una sentencia condenatoria, informes de Contraloría, pericias contables, declaraciones y la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió el cobro de peajes de Rutas de Lima.
Respecto al peligro procesal, el fiscal recordó que Lima Expresa se negó a entregar información financiera, además de que durante una diligencia de exhibición de libros contables alegaron que documentos originales se perdieron. Dichos escenarios llevaron a que se pida el allanamiento con fines de incautación.