Municipalidad de Lima se niega a reponer a obreros despedidos pese a orden judicial

La primera semana de setiembre se cumplió un año desde que el Poder Judicial ordenara a la Municipalidad Metropolitana de Lima que reponga provisionalmente a 38 obreros de limpieza afiliados al Sindicato de Trabajadores de la comuna (Sitomun). Los obreros fueron despedidos en julio del 2023, luego de protestar contra la gestión del alcalde Rafael López Aliaga por desacuerdos durante un proceso de negociación colectiva.

Según el expediente judicial al que accedió La República, los 38 trabajadores fueron despedidos por supuestamente haber incurrido en “grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador”, es decir, de López Aliaga. La supuesta falta grave fue utilizar el apelativo Porky, apodo que el propio alcalde usó en campaña, en manifestaciones y pancartas.

En setiembre del 2023, el Décimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, tras una revisión de los hechos, determinó que existirían “amplias probabilidades” de que la sanción fue “inconstitucional y abusiva”, ya que los términos no fueron denigrantes o injuriosos. También consideró que los trabajadores correrían el peligro de no percibir una remuneración mientras se emite un fallo final.

Por estas razones, se emitió una medida cautelar a favor de los 38 obreros despedidos, medida que fue ratificada en segunda instancia en abril de este año. Sin embargo, hasta la fecha, la Municipalidad de Lima no acata el fallo judicial.

La negativa de la MML

La secretaria general del Sitomun, Magdalena Jorge Vega, dijo a La República que en agosto último se llevó a cabo una audiencia de reposición virtual, a fin de que, en presencia de un funcionario del PJ, se proceda a reponer a los trabajadores. Sin embargo, el procurador de la MML dijo que la institución no tiene presupuesto.

“Ellos dijeron que no tenían presupuesto, que para setiembre van a ver. Es puro pateo porque la intención de ellos no es reponer. Desde setiembre del año pasado tenemos la medida cautelar. Pero en el mes de agosto hubo un concurso CAS para contratar a obreros de limpieza y han contratado a 652 obreros, lejos de reponer a los trabajadores que también son de limpieza”, declaró la representante del gremio.

Debido al incumplimiento, el Juzgado ha hecho efectiva la advertencia a la MML y la multaron con 20 Unidades de Referencia Procesal (URP); es decir, 10.300 soles.

La agremiada indicó que “desde el día que los han despedido” los afectados se encuentra en el cruce del jirón Conde de Superunda y el jirón Camaná con pancartas, exigiendo el respeto a sus derechos laborales. “Por estar ahí, el Área de Fiscalización los ha multado con 1.900 soles”, apuntó.

Magdalena Jorge Vega agregó que el juez a cargo ya ordenó remitir copias certificadas al Ministerio Público para que evalúe el inicio de la acción penal contra los funcionarios responsables por el presunto delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. La República buscó los descargos de la Municipalidad de Lima a través de su Área de Prensa. No obstante, al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.

El caso en la Suprema

Independientemente a la medida cautelar, el caso ya ha sido resuelto en doble instancia. En marzo de este año, el el Décimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima rechazó los argumentos de la comuna y declaró fundada la demanda del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima (Sitomun).

"Los términos empleados por estos trabajadores no han sido denigrantes o sujetos a un improperio de tal calibre que pueda considerarse como una conducta injuriosa el cual socave la fama o trayectoria del empleador mediante imputaciones (conforme a los términos empleados en la carta de preaviso de despido) que haga irreconciliable la continuidad de la relación laboral", determinó el Juzgado.

Incluso, el Juzgado aseveró que, en caso sí se haya configurado un faltamiento de palabra contra López Aliaga, ello no ameritaría el despido por no ser racional ni proporcional, según estableció el Tribunal Constitucional en sucesivas sentencias. El magistrado de primera instancia argumentó que se estaría frente a un despido fraudulento.

La defensa de la MML apeló la decisión de primera instancia, pero la Segunda Sala Laboral Permanente de Lima rechazó la impugnación en julio último. El colegiado sostuvo que el apelativo Porky no contiene carga injuriosa y concluyó que la comuna actuó con un “ánimo malicioso y tendencioso” al despedir a trabajadores bajo dicha excusa.

La MML presentó un recurso de casación contra el fallo de segunda instancia, por lo que La Corte Suprema tendrá la última palabra. Mientras tanto, los 38 trabajadores siguen en las calles, a pesar de tener una medida cautelar y una sentencia, ambas confirmadas, a su favor.