La Comisión de Constitución del Congreso, encabezada por la congresista de Fuerza Popular (FP) Martha Moyano, aprobó este martes, con 16 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, el proyecto que somete el artículo 99 de la Constitución a una reforma. Esta medida incluiría a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) como sujetos pasibles de denuncias constitucionales.
El proyecto propuesto por Moyano plantea que estos funcionarios puedan ser sometidos a procesos de antejuicio y juicio político, en respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del año pasado que exhortó al Congreso a aprobar una reforma constitucional que permita tales acciones.
De ser aprobado en el Pleno en dos legislaturas consecutivas con 87 votos, los titulares del JNE, ONPE y Reniec podrán ser sometidos a antejuicio político, un proceso de denuncia constitucional en el Congreso, y juicio político, con la posibilidad de ser inhabilitados de la función pública por hasta 10 años.
La propuesta cobra relevancia en medio de denuncias constitucionales presentadas contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, que podrían verse afectadas por esta reforma. Además, los titulares de la ONPE y Reniec podrían ser objeto de denuncias una vez finalizados sus mandatos, según lo expresado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Propuesta cobra relevancia en medio de denuncias constitucionales presentadas contra el presidente del JNE. Foto: Andina
El debate sobre esta reforma surge en un contexto en que el Congreso busca destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia y el fujimorismo, junto con sus bancadas aliadas, busca someter a las autoridades electorales a procesos de juicio político. La coalición que domina el Congreso tiene los votos para aprobar el predictamen en la Comisión de Constitución y este es el primer paso hacia la implementación de la reforma.
El dictamen obtuvo la aprobación con dieciséis votos a favor, mientras que cuatro fueron en contra y cinco se abstuvieron. Las fuerzas que respaldaron la medida incluyeron a Fuerza Popular (5), APP (2), Renovación Popular (2), Acción Popular (2), Podemos (2), Avanza País (1), Somos Perú (1), y la congresista no afiliada Maricarmen Alva.
Martha Moyano, en su rol como presidenta de la Comisión de Constitución, fue la encargada de defender la propuesta. Explicó que el dictamen incorporaba ideas de seis proyectos de ley y destacó que respondía a un llamado hecho por el Tribunal Constitucional (TC) para que los líderes del sistema electoral puedan ser sujetos de acusaciones constitucionales.
Durante el debate subsiguiente, la legisladora Diana Gonzales (Avanza País) señaló que la solicitud del TC en 2003 apuntaba a que solo los funcionarios estuvieran sujetos a juicio previo.
Martha Moyano admitió este punto, pero añadió que los legisladores tenían el derecho de también incluir, en su reforma, el juicio político por infracción a la Constitución, que se castiga con la inhabilitación para ocupar cargos públicos.